COLAPSOS en las fronteras, colas en las gasolineras, estantes vacíos en los supermercados, atascos en la periferia y accesos de las grandes ciudades, parálisis de los puertos, acopios abusivos de gasolina y comestibles por parte de ciudadanos alarmados... "Los mercados sólo tienen pescado, verdura y fruta hasta el viernes", titulaba ayer nuestro periódico. "El paro de los transportistas colapsa Madrid, Girona, Barcelona, Sevilla, Lugo, Vigo y Alicante", titulaba El País. Alejandro V. García llamaba la atención desde estas páginas sobre el hecho insólito de que, a causa del eco mediático, los huelguistas hayan empezado a coaccionar a los ciudadanos antes de la huelga, lo que la convertiría en la primera "cuyas consecuencias más graves se han sufrido antes de comenzar". Un sufrimiento mediático-virtual, por así decir, que tal vez a partir de hoy sea real si no se llega a un acuerdo.

También avisaban ayer periódicos en sus editoriales sobre la difícil situación en que la huelga coloca al Gobierno: "Dilema del Gobierno ante la presión de los transportistas -se leía en El País-. Si acepta negociar -como es el caso- y hace concesiones, sentará un precedente para la protesta de otros colectivos que también sufren las consecuencias de la subida de los carburantes; si no cede, puede quedar en evidencia que carecía de un plan para enfrentarse a situaciones de presión organizada por sectores con capacidad de amedrentamiento social". También ABC editorializaba: "El Gobierno se encuentra frente a frente con las consecuencias de una crisis económica que ha pretendido eludir mediante el abuso de eufemismos sin sentido. (…) Bloqueos de carreteras y piquetes algo más que informativos son elementos que rebasan el límite legal del ejercicio del derecho. Nadie puede tomar como rehenes a los ciudadanos por mucha razón que tengan los huelguistas en sus reivindicaciones".

Hay una coincidencia en la opinión de los más importantes periódicos: la huelga es un derecho democrático y un instrumento legítimo de los trabajadores (de toda clase y condición) para que se atiendan sus reivindicaciones; pero también puede ser una especie de abusivo secuestro que tome a los ciudadanos como rehenes para obtener unas mejoras que sólo pueden lograrse a través de la reconversión empresarial del sector afectado y la actualización de sus marcos legales y laborales, no apelando a un proteccionismo que las actuales condiciones económicas hacen inviable. Aunque todo pasó a segundo plano al conocerse, mediada la tarde de ayer, la tragedia de la muerte por atropello del miembro de un piquete.