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EL embajador de España en Londres ha vetado a una andaluza como secretaria general de la Cámara de Comercio española en Gran Bretaña. La almeriense Belén Amat Martín fue elegida por una junta directiva de 22 miembros entre los que están delegados de algunas de las más importantes empresas y bufetes de abogados nacionales, además de un representante comercial de la embajada. Se la nombró en las mismas circunstancias que a su antecesora o que a la actual secretaria de la Cámara de Nueva York. Y el voto fue por unanimidad. No importa.

No importa que la Cámara sea una entidad de derecho privado; se ordenó a la Abogacía del Estado buscar elementos del derecho administrativo aplicables. Y claro que los encontró. El caso es que a Federico Trillo no le complacía que la directora en Londres de Extenda, la agencia de promoción exterior de Andalucía, pasara a ser la secretaria de la Cámara de Comercio en el Reino Unido. No se fiaba de su filiación. El asunto ha sido calificado de "conflicto político" por los interlocutores con la Embajada. Finalmente se ha revocado el nombramiento. En las semanas que ha durado la batalla del embajador por eliminar el riesgo de que una andaluza en ese puesto pudiese perjudicar al resto de los españoles, los interlocutores de la Cámara han tenido que oír que Extenda es un organismo no constitucional. Tiene bemoles. Una sociedad mercantil de derecho público andaluz, creada con las competencias que otorga a la Junta el Estatuto de Autonomía, no es considerada constitucional por un ex ministro y señalado dirigente del partido del Gobierno. Ignoro si en el PP son conscientes, pero con estrategias y argumentos así es como se cargan las multitudinarias Diadas independentistas.

No es un caso aislado ni privativo del ministro del Yakolev e ideólogo de las coberturas jurídicas de los casos Naseiro y Gürtel en Valencia. Entre sus adversarios también encontramos actuaciones delirantes. En julio supimos en Málaga que la dirección socialista había confeccionado una lista con 174 nombres, en la que estaban todos los puestos de libre designación que podía cubrir el nuevo Gobierno andaluz. Habían terminado los congresos regional y provincial del PSOE y ya se sabía quién se había portado bien o lo contrario. En las fichas aparecía la afiliación o no al PSOE y el índice de lealtad a los jefes del partido de cada persona. De todas las delegaciones de la Junta, sólo en una la secretaria general de la Consejería era de fiar aún no siendo afiliada. Tiene bemoles.

Que el PP y el PSOE conviertan sus enfrentamientos en guerras es lamentable. Pero lo peor es cuando en sus combates toman como rehenes a técnicos o profesionales civiles. Como en esto de Londres o en aquello de Málaga.

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