HOY hay huelga de ferrocarriles en España. Es un derecho constitucional. Pero cuando se ejerce en un servicio público, colisiona con otros derechos constitucionales y entramos en una zona de sombra. Haría falta una ley de huelga; pero en este caso, como en la anterior huelga por el mismo motivo de principios de agosto, los servicios mínimos son amplios: de los habituales 358 trenes de alta velocidad o larga distancia está previsto que circulen 261. Y tres de cada cuatro de cercanías en las horas punta, que se quedan en la mitad en las horas de menos afluencia de público.

Los trabajadores de esta empresa pública hacen este paro contra la división de la actual Renfe en cuatro sociedades distintas y la liberalización del servicio. Una liberalización para el transporte de pasajeros a partir de julio del año próximo, porque la de mercancías ya la estableció el Gobierno Aznar en 2003, aunque pasaron tres años antes de que operara la primera empresa en ese ámbito. Ahora hay cinco que tienen todos los permisos, aunque parece que sólo tres están activas.

Las cuatro sociedades se ocuparán del tráfico de viajeros, mercancías y logística, fabricación y mantenimiento, y arrendamiento de material rodante. Renfe se despide: desaparecerá la matriz y estas cuatro sociedades pertenecerán al holding público SEPI. La Comisión Nacional de la Competencia ha criticado el proyecto del Gobierno por parecerle expeditivo y parcial. Por ejemplo, encuentra que faltan elementos para que la competencia y la liberalización sean efectivas. La CNC cree que debe haber capital privado con capacidad de decisión en las cuatro sociedades.

Y justamente ese detalle de la privatización tiene en pie de guerra a los sindicatos, que son de tradición muy potentes en Renfe: de los casi 14.000 de plantilla, unos 12.000 están afiliados; un 85%, cuando el porcentaje medio de trabajadores españoles sindicados está en el 15%. Esta alta militancia hace que la resistencia al cambio de modelo sea más fuerte. Pero los casi 6.000 millones de deuda acumulada y los más de 300 millones de déficit de explotación al año hacen necesaria una racionalización de Renfe.

Hemos construido demasiadas estaciones y se han establecido líneas inverosímiles. Existen 52 servicios de media distancia ineficientes, con un índice de ocupación inferior al 15%. En 2011 en España hubo 176 estaciones o apeaderos en los que no se llegó a 1 viajero diario, que subiera o bajara de un tren de media distancia. Y 152 estaciones o apeaderos en los que no se llegó a tres viajeros. Los monopolios no son buenos por definición. Unan caprichos de políticos, presiones sindicales y épocas de abundancia como las pasadas y tendremos el cuadro de la situación. Los trabajadores tendrán derecho a la protesta, pero una racionalización de Renfe es urgente.