CUANDO se acercan a los dos siglos de historia, las diputaciones provinciales se enfrentan quizás al periodo más crítico de su existencia, cuestionada su utilidad por los grandes partidos y por los analistas económicos y políticos, que las sitúan en el centro de todos los planes de recortes. Configuradas inicialmente en Andalucía como administración periférica de la Junta en esta etapa democrática, las diputaciones han ido perdiendo peso a favor del Gobierno autonómico y de los ayuntamientos, situándose en una "tierra de nadie" competencial que con frecuencia ha dependido en exceso de la voluntad de su presidente de turno. A nadie se le escapa que estas corporaciones provinciales, con un complejo sistema de elección de diputados por comarcas que impide la votación directa de sus representantes por los ciudadanos, se han convertido en aparatos de poder interno de los partidos y, lamentablemente, también en oficinas de colocación de políticos y cargos de confianza, entre quinientos y mil si sumamos los de las ocho diputaciones andaluzas. Paradójicamente, cuando más cuestionadas se encuentran es precisamente en el momento de mayor necesidad de estas instituciones, con plantillas sobredimensionadas y, por tanto, con capacidad para asumir nuevas tareas. Se trata de un panorama de enorme dificultad económica para los ayuntamientos, especialmente para los más pequeños, en el que empiezan a ser comunes los cortes de luz y agua en las calles y sedes públicas, los retrasos e incluso impagos en las nóminas municipales, por no hablar de la incapacidad para atender las deudas con proveedores en un plazo razonable que no ponga en peligro a las pequeñas y medianas empresas locales. La reforma de las corporaciones provinciales pasa por iniciativas como la anunciada por el presidente de la Diputación de Málaga, que centrará la labor del organismo casi exclusiva a los municipios menores de 25.000 habitantes. Salvo las iniciativas comunes de promoción del turismo, la cultura y los deportes de la provincia, las inversiones se destinarán únicamente a los pueblos medianos y pequeños, sin entrar a "competir" con los grandes ayuntamientos o incluso la Junta. Es posiblemente la única alternativa a los modelos griego e italiano, que prevén la eliminación y fusión de miles de ayuntamientos, para poder garantizar a los ciudadanos los servicios públicos necesarios al menor coste posible.