ESTAMOS jugando con fuego. La UE está demostrando con las crisis de Irlanda, Grecia y Portugal, que su estructura institucional no está preparada para abordar problemas financieros de gran magnitud. La reunión mantenida ayer por los representantes de los países europeos era, en teoría, para aprobar un tramo de ayuda de la UE y del FMI de 12.000 millones de euros, dentro del paquete de 110.000 millones ya aprobado. Sin embargo, la alarmante situación de la economía griega y la evolución explosiva de su deuda, ha obligado a mirar hacia adelante para plantearse con realismo cómo sentar las bases para que la situación griega no se desmadre y aboque a una situación ingobernable que afectaría a todos los países.

Que Grecia no podrá pagar íntegramente su deuda se sabe desde hace muchos meses. Inspirada por la actitud de Alemania, la estrategia de la UE ha sido la de poner parches para que la economía griega siguiera funcionando, pero obligando al Gobierno de Papandreu a realizar, no ya una reestructuración de la economía, sino del Estado griego en su conjunto. Las noticias sobre cómo se elaboraba el IPC (por teléfono y sin documentos), la información que el gobierno tenía sobre la deuda pública (que aumentó el año pasado en seis puntos sobre el PIB después de una auditoría de la UE), el conocimiento impreciso del número de funcionarios y de pensionistas que cobraban del Estado, o que algunos de éstos cobraban pensiones públicas de 6.000 euros al mes, han producido una radical oposición en la opinión pública alemana a soportar con sus impuestos esta situación. Pero despotricar sobre un problema no ayuda a resolverlo y los gobernantes alemanes han llegado a la conclusión de que o se sientan unas bases que económica y políticamente sean sostenibles, o la situación va a empeorar aún más, haciéndose al final más daño a sí mismos. Esto es lo que hay.

Confrontando una opinión pública que, desde los inicios de la UE, se reconoce como el principal contribuyente, ya sea para la agricultura o para construir autopistas, los gobiernos alemanes no tienen fácil la tarea de vender políticamente que, otra vez, hay que ayudar a un país europeo, esta vez para sofocar una crisis que se encuentra en una situación al límite. Por estos motivos, el Gobierno alemán está insistiendo con una postura inamovible que el sector privado participe en el rescate soportando parte de las deudas. Esto significa en la práctica que los bancos alemanes (pero también los franceses y de otros países) tendrían que soportar parte de la reducción del nominal de las deudas o aceptar un diferimiento en los pagos, alargando considerablemente los años de maduración de las obligaciones.

El riesgo de la banca alemana se cifra en unos 40.000 millones, cifra que, si no está muy concentrada en algunos bancos, es asumible por el sistema bancario. De esta forma, el Gobierno vendería políticamente que la crisis la está pagando también el sector privado y no sólo los contribuyentes.

Ya veremos en los próximos días cómo se orientan las soluciones, pero técnicamente, si se cargan demasiado las tintas sobre el sector privado (incluyendo los bancos griegos), la solución será económicamente imposible, aunque políticamente vendible a los votantes y contribuyentes alemanes.