La tribuna

francisco J. Ferraro

Resistencia a las reformas

EN un reciente artículo, el historiador Gabriel Tortella afirmaba que todos los grandes periodos de la historia contemporánea española se iniciaron con gran apoyo popular, pero terminaron como el rosario de la aurora por la incapacidad de las instituciones para reformarse sin traumas. Pues bien, a estas alturas de la crisis es cada vez más compartido que los problemas fundamentales de España, tanto económicos como políticos, se derivan o se han agravado por la resistencia a abordar reformas profundas en una arquitectura institucional que se definió en la Transición y que se ha ido completando en función de las conveniencias políticas a corto plazo, sin obedecer a una estrategia racional.

Así por ejemplo, desde hace más de una década se han venido sucediendo diferentes informes que han puesto de manifiesto la insostenibilidad del sistema de pensiones, mientras que los gobiernos reiteraban su confianza en la estabilidad y seguridad del sistema. Incluso con la crisis económica, los políticos venían manteniendo la solidez del sistema hasta hace poco tiempo. Finalmente, el Gobierno se ha visto obligado a abordar la reforma después de las reiteradas recomendaciones de los organismos internacionales y de utilizar 23.631 millones del Fondo de Reserva. En la actualidad nadie duda de la necesidad de reformar el sistema de pensiones, aunque existan concepciones muy distintas sobre cómo abordarla. Pero lo cierto es que si la reforma se hubiese abordado con anterioridad y con mayor apoyo parlamentario los ajustes habrían sido menos drásticos y la estabilidad menos forzada.

De forma semejante podemos reflexionar sobre la reforma del mercado de trabajo, un mercado profusamente regulado y que desde la transición se ha caracterizado por su rigidez, ajustándose a las diferentes coyunturas en términos cantidad de empleos, lo que se ha traducido en un paro muy superior a nuestro entorno, incluso en épocas de expansión económica. Ciertamente casi todos los gobiernos de la democracia han abordado alguna reforma, pero sin afectar a los factores centrales que determinaban su inflexibilidad adaptativa. Finalmente, el actual Gobierno ha realizado una reforma de mayor calado, imperfecta y sin acuerdo, aunque empieza a dar algunos resultados. Igualmente una reforma a tiempo en el mercado de trabajo habría generado menos paro, costes y sufrimientos.

Así lo entendieron en Alemania cuando el canciller Schröder se embarcó en una serie de reformas laborales en 2003, que permitió reducir el paro desde 2005 y enfrentarse con más solvencia a la crisis. O la revolución silenciosa producida en Suecia entre el final de la década de los noventa y la primera de este siglo, en la que reformaron instituciones como las pensiones, la fiscalidad, la regulación laboral, el sistema sanitario y el educativo para seguir siendo un país admirable en profundidad democrática, competitividad, innovación y solidaridad. O, incluso, el largo proceso reformista abordado en un decadente Reino Unido por Margaret Thatcher, y continuado por John Major y Tony Blair.

Las razones por las que no se abordan reformas en España se encuentran en el diseño de nuestras instituciones y en lo que Milton Friedman denominó la "tiranía del statu quo", según la cual las reformas suelen provocar el perjuicio inmediato de colectivos concretos, mientras que los beneficios son más difusos y suelen concretarse en un plazo más dilatado, lo que exige una cierta heroicidad a los políticos reformistas, pues recogerán muchas más críticas y protestas que aplausos. Si bien estos incentivos son contrarios a las reformas en todas las democracias, en un sistema político como el español en el que no sólo no existe colaboración entre los partidos, sino que el poder se alcanza haciendo fracasar al contrario aun a costa del fracaso del país, se comprenderá que las profundas reformas que necesita España, tanto para regenerar la democracia como para dotarnos de una base económica más competitiva que nos permita superar la crisis con mayor solvencia, sólo se abordarán por presión internacional o al borde del abismo, y siempre a regañadientes, lo que pone de manifiesto que la reforma crucial es la de las propias instituciones políticas, en concreto el sistema electoral y el funcionamiento de los partidos, para que propicien un ejercicio de la política más creativo, profesional y ágil, y para que los lógicos desacuerdos no imposibiliten la imprescindible cooperación en algunos asuntos centrales.

La gravedad de las secuelas de la crisis económica, la extensión de la corrupción y el descrédito de la clase política son un caldo de cultivo para que la última etapa democrática abierta con la transición también termine como el rosario de la aurora. Confiemos en la madurez ciudadana y en la responsabilidad de algunos políticos para alcanzar acuerdos de reforma en los asuntos claves del país.

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