EL presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha declarado al Grupo Joly que "las manifestaciones a favor o en contra de sentencias no benefician a la democracia" y que las sentencias judiciales se pueden criticar y recurrir, pero con argumentos. Sus palabras no ha podido ser más oportunas, porque en los últimos días se han producido reacciones denigratorias y extemporáneas a dos resoluciones de la Justicia en sendos casos de innegable impacto social. La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condenó a uno solo de los acusados en el asesinato y desaparición de la joven Marta del Castillo -el menor ya había sido condenado con anterioridad- provocó una catarata de desautorizaciones y reproches al tribunal e incluso de manifestaciones callejeras que partía n de la premisa, errónea, de que los magistrados habían absuelto sin motivo a los otros tres imputados a los que ya había declarado culpables un amplio sector de la opinión pública. Esta semana la condena a inhabilitación durante once años del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por la Sala Penal del Tribunal Supremo ha generado una reacción parecida, y aún más estridente. Basándose en la personalidad de Garzón y la simpatía que despierta en muchos españoles, se ha estigmatizado a sus juzgadores, a los que se ha llamado fascistas y corruptos, acusado de moverse por afán de venganza y endosado otras descalificaciones e injurias. La verdad es más sencilla, si se quiere ver: el juez Garzón, en el marco de la instrucción del sumario del caso Gürtel, una trama de corrupción política vinculada al PP, ordenó intervenir telefónicamente las comunicaciones de algunos imputados en prisión provisional con sus abogados defensores. Y una sala del Tribunal Supremo, compuesta por siete magistrados de distinta ideología, formación y trayectoria, ha considerado por unanimidad que este hecho suponía destruir el derecho de defensa, imponer que el fin justifica los medios y dirigir un proceso penal con métodos más propios de un régimen totalitario que de una democracia consolidada. Cierto que la sanción es muy dura y aparta a Garzón de la carrera judicial, dado que el delito, prevaricación, también se considera especialmente grave en un juez. La legítima discrepancia con esta sentencia no debe llevar en ningún caso a la campaña de descrédito y difamación que están sufriendo los jueces del Supremo. Y los responsables políticos y sociales son los más obligados a dar ejemplo y dejar de echar leña al fuego.