POR vez primera desde que empezaron a conocerse y a investigarse las irregularidades cometidas en la concesión de ayudas de la Junta de Andalucía -el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos- un miembro del Gobierno andaluz ha aceptado la existencia de responsabilidad política en el Ejecutivo autonómico. Hasta ahora la versión reiterada en todos los ámbitos por la Junta y el PSOE andaluz permanecía intocable: no hubo un fondo público destinado a beneficiar a familiares y amigos de los socialistas, sino un fondo legal aprobado en el Parlamento para auxiliar a los trabajadores de empresas en crisis, que unos desaprensivos aprovecharon para sí mismos gracias al poder que ostentaba un alto cargo de la Junta -pero director general, no consejero-, Francisco Javier Guerrero, al frente de una trama de conseguidores, intermediarios y comisionistas. Ayer quebró este discurso: la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, señaló expresamente en una entrevista televisiva que hubo dos responsables políticos al máximo nivel del caso de los ERE, concretamente el sevillano José Antonio Viera y el gaditano Antonio Fernández, que fueron los consejeros de Empleo durante los diez años que funcionó la trama corrupta que saqueó las arcas públicas, malversando parte del dinero que tenía que ir a andaluces que perdían sus puestos de trabajo. Precisamente Viera y Fernández habían sido señalados como responsables políticos por el dictamen de la comisión parlamentaria que investigó el caso, a petición de IU, dictamen que no salió adelante porque al partido mayoritario (PP) le pareció blando y al segundo partido (PSOE, que gobierna la Junta en alianza con IU) le pareció excesivamente acusatorio. El propio presidente Griñán, en su comparecencia en el Parlamento regional del pasado miércoles, mantuvo este mismo discurso, residenciando toda la responsabilidad en el encarcelado ex director general de Empleo y subordinando cualquier otra a los resultados futuros de la instrucción judicial. Una de las más acreditadas colaboradoras de Griñán, Martínez Aguayo, acaba de desbordar esta posición, asumiendo las tesis de Izquierda Unida y señalando de modo directo a los responsables del escándalo de los ERE, políticamente hablando: Antonio Fernández y José Antonio Viera. El primero ya no está en primera línea de la política, aunque sí imputado en la causa y en libertad provisional. El segundo es diputado del PSOE por Sevilla tras haber ocupado diversos cargos públicos y orgánicos importantes. Hasta ahora la juez Alaya no le ha imputado en el caso.