La tribuna

José Manuel Gómez Muñoz

¿Resucita el Tratado de Lisboa?

HA pasado algo más de un lustro desde que el presidente de la Convención, Giscard D'Estaing, entregase al presidente del Consejo el Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa con el objeto de que entrara en vigor tras su aprobación y ratificación por los estados miembros de la Unión Europea. Se frustró la Constitución Europea en los referendos de Francia y Holanda y, tras una operación de marketing político muy propia de la euroburocracia de Bruselas denominada Plan D -Democracia, Diálogo, Debate- que también se frustró, aunque no trascendió, Tony Blair impulsó una pragmática operación de rescate que desembocó en el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007.

Este tratado, mucho más descafeinado en materia de derechos fundamentales y en reformas institucionales que la precedente Constitución Europea, fue también frenado en seco por la voluntad libre de los ciudadanos irlandeses, que en referéndum de 12 de junio de 2008 dijeron no, a pesar del intenso trabajo a favor de la ratificación por parte del primer ministro, Brian Cowen. España, esta vez, no celebró referéndum, limitándose a utilizar el trámite de ratificación parlamentaria del art. 93 de nuestra Constitución. Ha sido en el Consejo Europeo de Bruselas, de 11 y 12 de diciembre, la semana pasada, donde ese Houdini de las grandes crisis llamado Nicolás Sarkozy ha vuelto a desbloquear una situación que amenazaba con mandar las reformas de Lisboa a la papelera y poner de rodillas, una vez más, al Leviatán institucional comunitario.

Sorprendentemente, no ha sido el rescate del Tratado de Lisboa sobre la base de un histórico acuerdo institucional la estrella de las conclusiones de este Consejo Europeo. Los focos se han puesto sobre las cuestiones económicas y financieras, particularmente sobre las medidas para el restablecimiento del buen funcionamiento del sistema financiero y la confianza de los agentes económicos, y sobre la aprobación de las propuestas del expediente energía-cambio climático.

Es evidente que la situación financiera global requería un esfuerzo de coordinación de las políticas económicas de los Veintisiete y la concreción de los acuerdos de la Cumbre de Washington de 15 de noviembre pasado. El plan europeo de recuperación económica supone el 1,5% del PIB de la Unión Europea, 30.000 millones de euros de aumento de las inversiones del Banco Europeo de Inversiones a favor de las pymes, reducción de los tipos del IVA en sectores en crisis, modificación de los umbrales de las ayudas públicas de minimis, y reducción de los plazos en los procedimientos de licitación de proyectos públicos. Nadie podría dudar de que esto es muy importante en este momento. Como lo es la reducción en un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020, con el compromiso de la Unión Europea de llegar hasta el 30% en el marco de un acuerdo mundial ambicioso y global, o la intensificación de actuaciones en la mejora de la eficiencia energética de los edificios y las infraestructuras energéticas.

Ocurre, sin embargo, que resucitar el Tratado de Lisboa bien hubiera merecido un Consejo Europeo monográfico, pues nos jugábamos, ni más ni menos, que la reforma del Tratado de la Comunidad Europea, ahora llamado de Funcionamiento de la Unión Europa, y del Tratado de Maastricht; es decir, nos estábamos planteando qué hacer políticamente con esta Europa de veintisiete estados miembros en los próximos años. La idea de partida del acuerdo auspiciado por el presidente francés es la de hacer posible que, al menos a lo largo de 2009, el Tratado entre en vigor, renunciando, pues, a la fecha prevista inicialmente del 1 de enero de 2009.

Para ello, se prevé una Comisión ampliada donde cada Estado miembro tenga un Comisario, lo que obligará a la modificación de lo previsto en el artículo 4.2 de los Protocolos anexos a los Tratados que se aprobaron con el Tratado de Niza en 2001, y complicará seriamente el proceso de toma de decisiones en el Ejecutivo comunitario. Al mismo tiempo, el acuerdo incorpora, en el primero de sus anexos, garantías -inespecíficas, todo hay que decirlo- a la tradicional neutralidad irlandesa en cuestiones de seguridad internacional, al respeto del tratado por el derecho a la vida, la educación y la familia, al reconocimiento de la Unión al progreso social y los derechos de los trabajadores, al mantenimiento de los servicios públicos, a la educación y la sanidad. Sabia lección de los ciudadanos irlandeses que tenían muy claras las razones de su negativa al tratado. Es una lástima que éste no vaya a contener un catálogo de derechos de la ciudadanía europea, o que ni siquiera contemple el principio de primacía del Derecho comunitario sobre los derechos nacionales. Debe ser que estamos en época de rebajas, pero va a ser difícil admitir menos en la construcción de Europa.

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