LA Casa del Rey cumplió ayer su promesa e hizo públicas las retribuciones que perciben don Juan Carlos y el Príncipe en su condición de Heredero de la Corona. La decisión, que venía siendo reclamada desde hace tiempo por los partidos políticos y un sector de la sociedad, supone una apuesta decidida del Monarca por contribuir, en primera persona, a la transparencia de las cuentas de la máxima institución del Estado. La medida cobra especial importancia debido al contexto en el que se produce: después de meses en los que las investigaciones judiciales sobre las actividades mercantiles privadas de Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina, hayan hecho dudar a algunos que la Corona estuviera a la altura de las circunstancias. No ha sido así. El Monarca, consciente de que el deterioro en la imagen de las instituciones es una de las consecuencias políticas de la crisis en la que nos hallamos, ha decidido cortar por lo sano tales interpretaciones y, aunque desvincula su decisión del caso judicial que afecta a Urdangarín, a lo largo del mes de diciembre ha logrado darle la vuelta a una situación que era claramente hostil hacia la imagen de la Casa Real. En primer lugar, lanzó el mensaje de que el duque de Palma debería defenderse de las posibles imputaciones judiciales por sus propios medios, abriendo así una distancia de seguridad entre la Corona y parte de su familia. Semanas más tarde, anunció que Urdangarín quedaba apartado de las actividades de la Casa Real por su comportamiento "no ejemplar". El mensaje de Navidad resaltó una convicción: "La Justicia es igual para todos". A pesar de que la Corona niega que tal afirmación esté relacionada con el duque de Palma, la lectura general es que el Rey está haciendo esfuerzos para que los ciudadanos perciban que la monarquía, la institución que representa, debe estar, y está, por encima de las personas. El respaldo de las Cortes al Monarca en su sesión constituyente es buena muestra de que los españoles, a través de sus representantes, avalan de forma mayoritaria el papel institucional del Rey que establece la Constitución.