EL riesgo país se puede definir como la exposición a sufrir pérdidas en un país concreto como consecuencia de circunstancias cuya responsabilidad y control corresponden al Gobierno, que es lo que de alguna manera se desprende de la corrección a la baja de la deuda soberana española por parte de Standard & Poor's.

Lo primero que se desprende de la lectura del documento es una denuncia abierta sobre las adversas consecuencias de los errores en la política del Gobierno para el sector privado de la economía y un impacto directo sobre la línea de flotación de las expectativas sobre una pronta recuperación de la actividad y el empleo. Lo que se transmite, de hecho, es una denuncia de tibieza en la definición de la política económica y el convencimiento de que la caída del empleo dificultará la recuperación del consumo y alimentará durante algún tiempo las tensiones deflacionistas que amenazan con una larga temporada de economía plana y deprimida. Pero sobre todo, el informe de Standard & Poor's contiene una recomendación al resto del mundo para que desconfíe de la solvencia de la deuda pública española, porque el Gobierno no está haciendo bien su trabajo.

Las razones que esgrime se resumen en que las expectativas son adversas para los cuatro grandes problemas que tiene que encarar la economía española para iniciar la recuperación. Por un lado, el convencimiento de que las políticas de empleo son demasiado tímidas como para esperar una corrección significativa de los problemas de fondo en el mercado de trabajo, es decir, de su excesiva rigidez y deficiente adaptación a las condiciones generales de la economía. Por otro, el previsible deterioro de las cuentas públicas y la desconfianza en que las medidas fiscales anunciadas sean lo suficientemente ambiciosas como para corregir la tendencia y alcanzar los objetivos de consolidación fiscal.

En tercer lugar, la evidencia de que las tensiones en los mercados financieros no han desaparecido y que el nivel de endeudamiento se mantiene excesivamente elevado, además de trasladar la impresión de una cierta insatisfacción con el proceso de reestructuración bancaria, con ajustes demasiado tímidos y lentos y con instrumentos que, como el fondo de reestructuración bancaria, no terminan de ponerse a funcionar. Por último, y como consecuencia de todo lo anterior, un reducido nivel de actividad, probablemente por debajo del 1%, durante algún tiempo.

La crudeza del análisis ha provocado las lógicas reacciones y los correspondientes testimonios en sentido contrario de los que no lo comparten. El primero ha sido el Gobierno, que insiste en la inminencia de la recuperación y la creación de empleo, y, a continuación, algunas de las organizaciones que apoyan su política económica y el marco de la concertación social para desarrollarlas. Tampoco termina de entenderse que la economía española pueda permanecer durante mucho tiempo ajena a los impulsos de recuperación que se extienden entre nuestros vecinos, aunque en el informe se señala expresamente que la pertenencia al euro y sus efectos sobre la estabilidad de los equilibrios macroeconómicos básicos han sido debidamente reconocidos y que, por lo tanto, están descontados en sus consideraciones.

También se argumenta que sólo se trata de una de las tres agencias que elaboran este tipo de indicadores, y se aprovecha para recordar que sus currículum quedaron profundamente marcados por sus errores de pronóstico y calificación durante la etapa más cruda de la crisis financiera, cuyas consecuencias fueron particularmente graves para mucha gente. Lo cierto es que también ahora podría estar equivocándose Standard & Poor's, pudiendo dar lugar a la irónica circunstancia de que sus efectos inmediatos, como la marcha de capital extranjero, la aparición de nuevos focos de tensión en el mercado financiero o el deterioro de la confianza de empresas y consumidores, terminasen por desencadenar la situación de la que pretende advertir la agencia.

La lectura del informe deja entrever que las consideraciones de tipo cualitativo tienen una notable influencia en la valoración final, lo que obliga a reconocer que al menos una parte de sus argumentos se basan en apreciaciones, que con toda seguridad son muy cualificadas, pero que no dejan de tener una fuerte carga de subjetividad. En los trabajos sobre clasificaciones de riesgo país que se promueven en la OCDE se distingue entre el componente cuantitativo de los índices, basado en la utilización de indicadores objetivos sobre el estado de los equilibrios económicos, indicadores financieros y de historial de impagos, y otros cualitativos de contenido bastante menos definido. Entre estos, el riesgo asociado a la estabilidad política del país, a la calidad de las instituciones y otros criterios similares, que habitualmente se deciden por consenso en el que participan expertos de diferente procedencia.