LA notable subida del precio de las materias primas está empezando a ejercer una considerable presión sobre la inflación. Es posible que esa subida -especialmente la del petróleo- se haya trasladado ya parcialmente a la inflación subyacente (que no tiene en cuenta el precio de los alimentos y las materias primas).

En la medida en que esa presión vaya diluyéndose en el tiempo antes de que se produzcan otras reacciones, sufriremos una pérdida de renta real temporalmente, para volver después a recuperarla cuando la economía inicie otro ciclo expansivo. Pero estamos corriendo el riesgo de que, antes de que la leche o la gasolina reduzcan su presión sobre los precios, las expectativas inflacionistas de los agentes incorporen esas elevaciones como permanentes, generando un proceso que tiende a reproducirse a sí mismo.

En la década de los 70 y primeros 80, las alzas del precio del petróleo generaron una aceleración de la inflación. Esa subida activó un mecanismo de indexación salarial, por el que se protegían temporalmente las rentas del trabajo de la pérdida de poder adquisitivo. Pero los mayores repuntes salariales generaron, a su vez, otros aumentos de precios, al repercutirse en los bienes y servicios finales los mayores costes, en una espiral que no tenía fin y ganaba velocidad en el tiempo. La situación se vino a denominar estanflación, porque a una tasa más elevada de inflación se unía un estancamiento de la actividad económica real.

En la Eurozona y, en particular, en España, no nos encontramos aún en esa situación. Pero su espectro es cada vez más visible. Los últimos datos de inflación en el área apuntan al nivel más elevado de los últimos 15 años. Los datos de actividad y, sobre todo, de expectativas de consumidores y empresas, no señalan un crecimiento robusto. Al contrario, tasas de crecimiento inferiores al 2% es lo mejor que podemos esperar para este año.

Es fundamental que los agentes económicos y los gobiernos reconozcan que se está produciendo una transferencia de renta a escala masiva, y de forma muy rápida, hacia los países productores de petróleo. Los intentos por mantener la capacidad adquisitiva de las rentas van a generar, inevitablemente, una aceleración de la inflación y una pérdida de empleo en muchas empresas, que no podrán repercutir los mayores costes en el precio final de sus productos.

En España, durante el primer trimestre del año el coste laboral por hora trabajada se ha elevado un 5,4% -la mayor desde el 2003 y la segunda mayor de Europa-. Las cláusulas de revisión salarial del pasado año se están activando para cubrirse frente a la inflación. Si en los convenios que se firmen este año -incluyendo los del sector público- no se moderan las elevaciones salariales, España corre el grave riesgo de sumergirse en el pozo de la estanflación, con pérdida acelerada de competitividad y de empleo, especialmente en los sectores más sometidos a competencia internacional.

Hace 30 años, tardamos 10 en darnos cuenta de los devastadores efectos de esa dinámica social. Esperemos que en esta ocasión la sensatez y la madurez nos permitan transitar más rápidamente la salida de la crisis.