DESPUÉS de nueve meses de secuestro, se ha producido la liberación de los dos miembros de la ONG Acción Solidaria secuestrados por la rama magrebí de Al Qaeda. Todos nos alegramos de que Roque Pascual y Albert Vilalta hayan salvado sus vidas. Aunque inmediatamente después de que se produzcan hechos de características similares, en donde la vida de personas ha estado en peligro, no es el momento más oportuno para poner ningún pero a las acciones llevadas a cabo y al conjunto del proceso de liberación, permitan unos comentarios sobre los recursos utilizados.

Frente a lo que el Gobierno afirmado, sí se ha pagado un rescate. De acuerdo con Al Yazira, el importe oscilaría entre los 5 y los 10 millones de euros. A este chantaje están sometidos todos los gobiernos. Un avión Falcon con agentes del CNI, médico y psicólogo, y hasta la Secretaria de Estado de Cooperación, volaron a Mali para recibir a los secuestrados. Un helicóptero fue también utilizado sobre el terreno para los traslados. En el comunicado oficial, el Gobierno expresaba su satisfacción y hacia referencia a "los días de preocupación y ocupación, que ha multiplicado su actividad política y diplomática, así como también el CNI".

Los presidentes de Mali y Burkina Faso han intervenido personalmente. Zapatero, ofreció una conferencia de prensa. Todo esto constituye una desmesura y una utilización desproporcionada de recursos públicos. Y no es la primera vez. El precedente del pesquero Alakrana, secuestrado el ano pasado cerca de Somalia, movilizó también al Ejecutivo más allá de límites normales. Estos hechos deberían mover a la reflexión en la sociedad española, reflexión que debería centrarse en la asunción personal de los riesgos asociados a actividades llevadas a cabo en zonas altamente peligrosas. Una ley aprobada en el Congreso debería servir para acotar los riesgos individuales y las situaciones en la que deben utilizarse los recursos colectivos.

Se contribuiría así a modificar la actitud colectiva que parece mostrar la sociedad española ante este tipo de hechos. En el secuestro del Alakrana, los familiares de los secuestrados poco menos que culpaban al Gobierno de lo sucedido. El PNV, miserablemente, alentó esa respuesta. Se trataba de un barco privado que realizaba una actividad empresarial en aguas que sabían muy peligrosas. El armador -casi lo único vasco de todo el episodio- es quien debería haber asumido los gastos.

Las semanas pasadas hemos vuelto a ver, en contextos muy distintos, a ciudadanos españoles sometidos a situaciones extremas. El embajador español en India se mostró escandalizado por que turistas españoles seguían acudiendo a zonas donde las lluvias estaban causando cientos de muertos. En Paquistán, otro turista se negó a ser rescatado porque quería ayudar. La ley a la que hemos hecho referencia ya existe en otro países y el objetivo final es lanzar un mensaje claro a los ciudadanos de que el Estado no puede respaldar siempre los comportamientos individuales. En otro caso, estaremos educando a ciudadanos pusilánimes, irresponsables y que piensan que, hagan lo que hagan, el gobierno de turno los vas a ayudar.