EL próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defraudó las expectativas de los presidentes de comunidades autónomas gobernadas por el PP de demorar la devolución de las cantidades cobradas de más en concepto de financiación autonómica de los años 2008 y 2009. El origen del problema es sencillo: durante los dos años mencionados el Gobierno Zapatero anticipó a las autonomías como ingresos por recaudación tributaria una cifra que, una vez liquidados ambos ejercicios y a causa de la caída de la recaudación por culpa de la crisis, resultó de 24.000 millones de euros más que la que les correspondía legalmente. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en julio los barones territoriales del PP pidieron a la vicepresidenta Salgado que el plazo para devolver esta cantidad aumentara hasta los diez años (lo previsto eran cinco). Ésta fue también la posición de la Junta de Andalucía, que debía devolver 4.600 millones según el Gobierno de entonces, y 3.500 según cálculos de la propia Junta. Este jueves Rajoy se volvió atrás en su compromiso de aplazamiento y su vicesecretario general, Javier Arenas, aclaró que no se tomará ninguna medida en este sentido hasta conocer el estado de las cuentas públicas y el detalle del déficit y la tesorería. Mientras que la firmeza del presidente en ciernes acerca del control del déficit público y la necesidad de ser austeros y evitar duplicidades de competencias fueron plenamente entendidas por los líderes autonómicos de su partido, que se comprometieron a adoptar medidas al respecto de manera coordinada, el aparcamiento de la promesa de prolongar el plazo de devolución de las deudas pendientes decepcionó a los reunidos. Hay que destacar, por otro lado, que esta prórroga no supondría en su caso un incremento del déficit del Estado, puesto que ya se contabilizó como tal en los dos ejercicios presupuestarios en cuestión. La postura de los presidentes de las comunidades autónomas, tanto del PP como de otros partidos, es entendible y merece ser apoyada, en la medida en que no significaría un incumplimiento de sus obligaciones de contención del gasto, sino una graduación en el pago que aliviaría las arcas regionales. Esta necesaria flexibilidad habría de extenderse igualmente a los ayuntamientos, necesitados de compatibilizar sus planes de austeridad, reducción de personal y recorte de inversiones, que les son exigibles, con un ritmo y una planificación que les permita respirar de su actual asfixia financiera y seguir prestando servicios básicos a los ciudadanos.