LA Audiencia de Málaga ha enmendado la magnanimidad excesiva del juez instructor del caso Malaya, que había decretado la puesta en libertad de Juan Antonio Roca, ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y controlador innegable del urbanismo marbellí durante los años del gilismo. A decir de la Policía, y deducir del propio instructor, el cerebro de la mayor trama de corrupción municipal descubierta en España, con 86 procesados.

El juez había dictado la libertad de Roca tras fijarle una fianza de un millón de euros argumentando un "uso racional" del mecanismo de la prisión preventiva. Parecen elevada la fianza y razonable el auto del instructor, pero no lo son. Un millón de euros es mucho para un delincuente normal, no para un procesado por cohecho continuado, malversación de caudales públicos multimillonarios, fraude y blanqueo. Una prisión preventiva no ha de prolongarse si no hay alarma social, ni delito grave ni riesgo de fuga, pero sí en un caso de alarma social generalizada -que incluso ha provocado la disolución de un Ayuntamiento por vez primera en la historia democrática de España- y de un complot delictivo a gran escala, multimillonario, que incluye a alcaldes, concejales, constructores y abogados, todos ellos bajo la batuta, presunta, del mentado Roca.

En cuanto al riesgo de fuga, más evidente no puede ser. La envergadura de las operaciones realizadas por el ex jefe de Urbanismo de Gil en paraísos fiscales, el hecho de que su mujer y su hija estén también procesadas en la misma causa y la sospecha de que guarda enormes cantidades de dinero en el extranjero dibujan un escenario en el que poner pies en polvorosa se antoja algo más que una posibilidad. La historia judicial española de los últimos años registra unos cuantos ejemplos sonados de delincuentes que, antes de ser juzgados, se han dado el piro para disfrutar del fruto de su latrocinio, y sin devolver un solo euro a las arcas públicas o privadas esquilmadas.

De modo que tentar a la suerte es tontería, pensarían la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones de Ayuntamiento y Junta al recurrir la libertad de Roca, y la Audiencia les ha dado la razón, extendiendo la prisión preventiva hasta el máximo de cuatro años que permite la ley y urgiendo al juez, eso sí, a que complete la instrucción y cierre el sumario para que el juicio pueda celebrarse sin que el pájaro, por imperativo legal, pueda salir volando. Lo cierto es que Roca sólo disfrutó nueve días de la libertad que el instructor le concedió porque la Audiencia Nacional lo devolvió a la cárcel por el caso Saqueo (bonito apodo), pero, por si acaso, conviene que la Audiencia haya cerrado la vía de la liberación previa. No por ensañamiento, sino por lógica y sentido común.

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