LAS crisis son dolorosas, pero también nos enseñan. En esta legislatura, que arrancó con España al borde del rescate y un déficit heredado de 90.000 millones de euros en 2011, hemos aprendido a valorar la importancia de que los fondos públicos se gestionen con las máximas garantías de transparencia, rigor y eficacia. Los ciudadanos están haciendo grandes sacrificios y piden, con razón, que de cada euro de sus impuestos se obtenga el mayor beneficio posible para el bien común.

Del mismo modo que las familias planifican cuidadosamente sus gastos cada mes, los gestores públicos tienen la obligación, sobre todo en tiempos de escasez, de definir con precisión sus prioridades presupuestarias, fijar unos objetivos realistas y encontrar soluciones viables para poder cumplirlos.

Por ello es tan sorprendente que el Gobierno andaluz haya decidido abandonar la construcción de la línea de alta velocidad Sevilla-Antequera, en la que ya se han invertido 280 millones de euros, una vez terminada la plataforma que discurre hasta Marchena a lo largo de 77 kilómetros. Es difícil entender la decisión porque hay mucho dinero de los ciudadanos enterrado en ese ramal del AVE, que se considera vital para la vertebración de Andalucía y porque, además, parte de la inversión realizada se ha sufragado con un préstamo de 180 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones que la Junta ha optado por devolver.

Ahora los andaluces contamos con una flamante vía de alta velocidad que no irá a ninguna parte, al menos en lo que queda de década, según la explicación difundida por el propio Gobierno andaluz. Y cabe preguntarse, sin menoscabo del debido respeto institucional, si el rumbo hacia la nada de esta truncada vía ejemplifica el camino sin destino que recorre desde su constitución el bipartito andaluz, de cuyas tensiones internas hemos tenido sobradas muestras en los últimos días.

La falta de fondos no es una excusa para no concluir el ramal hasta Antequera, cuando quedan sólo 57 kilómetros de recorrido. Siempre hay alternativas para, con una buena planificación e introduciendo las modificaciones necesarias en el proyecto, posibilitar la terminación de la vía y permitir así que la capital de Andalucía quede conectada por alta velocidad con las provincias orientales.

Es lo que ha hecho el Ministerio de Fomento para, a pesar de las restricciones presupuestarias derivadas de la crisis, buscar fórmulas de financiación que permitan que la autovía A7 entre en funcionamiento y hacer una planificación por fases de forma que el AVE llegue a Granada antes de que termine esta legislatura. Tanto el Gobierno andaluz como los partidos que lo sustentan han criticado que se opte por la vía única en el tramo de Loja, o que se aplace la construcción de una nueva estación en la capital, remodelando la actual. Pero lo cierto es que los granadinos podrán viajar en Ave muy pronto hasta Madrid y, por desgracia, no podrán hacerlo hasta Sevilla porque el proyecto se ha quedado en el limbo en el tramo que se adjudicó la Junta.

Lo curioso es que, tras anunciar que no terminará la obra, la Consejería de Fomento intentó eludir la responsabilidad de su decisión proponiendo que la plataforma hasta Marchena se utilice como pista de pruebas de alta velocidad, intentando así desviar a su proyecto inacabado los fondos europeos destinados al anillo ferroviario de Antequera. Los técnicos se llevaron las manos a la cabeza, porque la ocurrencia, claramente improvisada, es totalmente inviable. Y además, el Gobierno sigue trabajando y manteniendo contactos con empresas que pudieran estar interesadas en el proyecto del anillo ferroviario a fin de intentar sacarlo por segunda vez a licitación. El Ministerio de Fomento tiene su rumbo muy claro y no abandona un proyecto sin agotar antes todas las posibilidades.