EL presidente del Partido Popular en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, ha pronosticado en Canal Sur que algún miembro del Gobierno andaluz actual puede acabar imputado por los ERE fraudulentos. Aunque no dio nombres concretos, Zoido se refirió a las numerosas advertencias de la Intervención General de la Junta sobre la falta de procedimiento reglado en la tramitación de las ayudas a empresas en crisis, lo que sugiere que su anuncio de imputación se dirigía hacia la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, viceconsejera cuando se produjeron los hechos delictivos, que en su momento se hizo responsable de la recepción de esos avisos y de no haberlos remitido al consejero -entonces, José Antonio Griñán, actual presidente- porque el funcionario en cuestión no había detectado menoscabo de fondos públicos. La imputación de Aguayo, en cualquier caso, no podría ser decidida por la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, al tratarse de una persona aforada por su condición de parlamentaria andaluza, encontrándose en situación parecida a la del ex consejero José Antonio Viera, que por ser hoy diputado debería ser sometido a la jurisdicción del Tribunal Supremo. Sea como fuere, no es la primera vez que Juan Ignacio Zoido se pronuncia sobre los ERE en plan oráculo, augurando actuaciones de la juez cuyo anuncio, más o menos certero, no le corresponde en absoluto. Zoido, que es juez en excedencia por sus cargos públicos, sabe de sobra que la separación de poderes es un principio básico del Estado democrático que debe ser preservado a toda costa y que cualquier interferencia de la política en la Justicia, de palabra o con actos, bastardea la administración de la misma y perjudica a la larga tanto a la Justicia como a la política misma. Igual que hemos denunciado en todo momento los obstáculos que el Gobierno andaluz ha puesto a la instrucción de diligencias por la juez Alaya en torno a los expedientes de regulación de empleo que han estado rodeados de corrupción durante largos años, hemos de pronunciarnos ahora en contra de la manipulación política por parte de la oposición popular sobre los autos y decisiones de la juez y, con mucho más motivo, acerca de autos y decisiones no adoptados por la misma. Tanto Zoido como Griñán, y con ellos sus partidos en conjunto, están obligados a respetar escrupulosamente el trabajo judicial y no tratar de interferir ninguno de sus pasos, ni a favor ni en contra. Cualquier resolución puede ser recurrida por las partes y resuelta en la instancia correspondiente, claro está, pero han de cesar estas maniobras de intoxicación y pronóstico que protagoniza el presidente del PP de Andalucía.