LA relación entre salarios e inflación ha vuelto a tomar protagonismo, aunque la realidad es que no ha dejado de estar presente desde que comenzara a hablarse de la reforma del mercado de trabajo. Sus anteriores momentos estelares coincidieron con el manifiesto de los 100 economistas, la huelga general o la propuesta de pacto de competitividad en la zona euro, que llevó a la Canciller alemana a proponer acabar con la indización de los salarios a la inflación y vincularlos a productividad. La andanada apuntaba directamente a España, puesto que aquí resulta más habitual que en otros sitios que las revisiones salariales pactadas en convenio se corrijan con los desajustes entre la inflación real y la prevista. Para el Banco de España se trata de una práctica con consecuencias perniciosas sobre la competitividad y el empleo, aunque no todo el mundo se haya mostrado de acuerdo. Mezclar en un mismo razonamiento las variaciones en precios, salarios y competitividad puede resultar un coctel explosivo y llevar a conclusiones equivocadas, sobre todo si se tiene la tentación de agitar el viejo fantasma de la espiral precios-salarios, dado que si bien existen indicios de ajuste retardado de los salarios a la inflación, la relación contraria es inexistente en estos momentos.

Durante la década pasada los costes laborales crecieron cercanos al 4% como promedio anual y los precios lo hicieron al 3,3%, con la diferencia de que estos comenzaron a caer en picado a finales de 2008, mientras que los costes laborales siguieron creciendo por encima del 2% durante un año más. No han sido los salarios los determinantes de la inflación antes del estallido de la burbuja, ni tampoco durante los desconcertantes meses posteriores en los que otro fantasma, el de la deflación, se hizo también presente. Habrá que reconocer, no obstante, que los engranajes del mercado laboral español han funcionado deficientemente y que de ello han debido derivarse importantes consecuencias sobre la competitividad. Es lo que cabe esperar del abuso de las cláusulas de salvaguardia en una economía cuyos precios han crecido un punto más que los de sus vecinos durante toda una década, pero con los que ha compartido un mismo objetivo de inflación, por lo tanto, sistemáticamente incumplido. España figura, junto a Eslovenia, Eslovaquia e Irlanda, entre los países de la zona euro con mayor deterioro de su competitividad en lo que va de siglo, como consecuencia de la inflación. También figura entre los cinco, junto a Irlanda, Grecia, Chipre e Italia, cuya competitividad se ha visto más perjudicada por la evolución de los costes laborales, lo que nos lleva a concluir que nuestra receta para recuperar competitividad resultará algo más complicada que en el resto de la zona euro. A nosotros no nos bastará con vigilar el crecimiento de los salarios y procurar el mejor ajuste posible entre salarios y productividad, sino que también estamos obligados a mejorar las condiciones de competencia en que se desenvuelve nuestra economía, lo que normalmente conduce a tener que revisar el papel del sector público en la economía y los costes de la burocracia.