TRES individuos que acompañaban a un cuarto con síntomas de intoxicación etílica aguda en la unidad de Urgencias de un centro de salud de una barriada de Sevilla agredieron el pasado domingo a seis personas y destrozaron parte del mobiliario urbano de la consulta tras negarse a abandonar la misma pese a que el enfermo ya estaba siendo atendido. Un médico, una enfermera y un paciente necesitaron de asistencia hospitalaria. Según datos de la Consejería de Salud, entre enero y septiembre de este año se han producido 152 agresiones físicas en los centros sanitarios andaluces. En el propio centro de salud aludido, en la barriada de Pino Montano, se había registrado otro ataque en septiembre a un profesional médico, protagonizado por el padre de una paciente, y en mayo un pediatra sufrió una fractura de nariz. El número de víctimas de agresiones físicas parece reducido en relación con la plantilla de la sanidad andaluza y los actos que desarrolla el sistema, pero ello no resta un ápice de gravedad al problema, ya que habría que tener en cuenta el abultado registro de agresiones verbales, amenazas y humillaciones que padecen los facultativos, enfermeros, auxiliares y demás personal sanitario. Estas conductas delictivas responden a un patrón semejante: individuos asociales que no respetan los turnos de espera o los protocolos de actuación establecidos en ambulatorios y hospitales, exigiendo una preferencia a la que no tienen derecho o reaccionando desde la ignorancia y la virulencia a los tratamientos que reciben sus familiares o allegados. Se da así la circunstancia de que los profesionales que velan por la salud de los ciudadanos, y lo hacen además en plena época de recortes y aumento de la carga de trabajo, se ven sometidos a actuaciones violentas inaceptables siempre e incomprensibles desde un punto de vista de normalidad cívica y social. Aunque las autoridades sanitarias han desplegado en los últimos años un amplio catálogo de medidas de seguridad (cámaras, timbres antipánico, salidas alternativas...), es evidente que la seguridad preventiva está fallando y que, por ejemplo, los centros que acogen a enfermos de barriadas conflictivas necesitan la presencia constante de vigilantes que garanticen la prestación del servicio sin sobresaltos ni agresiones. Independientemente de ello, el Gobierno andaluz ha de dotar a los agredidos de la defensa jurídica más rigurosa, incluyendo la consideración de funcionarios a las víctimas, lo que podría conducir a penas más graves para los violentos. Hay que terminar con la zozobra y el miedo con que ejercen su labor los profesionales de la sanidad andaluza, garantes de uno de los derechos ciudadanos más fundamentales y queridos.

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