PODEROSO caballero es don dinero. Tan poderoso, tan dictador, que más allá de los sacrificios exigidos en nombre de la Santa Austeridad España vive hoy por primera vez un proceso impensable años, lustros, décadas atrás: el desmantelamiento del Estado autonómico. El Gobierno se sacude cualquier tipo de prejuicio ideológico, cualquier sombra de sospecha oportunista con la cruzada del déficit y el hecho, provisionalmente cuantificado e imputable a las comunidades, de una desviación próxima al 8% cuando el objetivo a cierre de 2011 estaba en el 6%.

La palabra irresponsabilidad resuena en dolby surround. Nadie puede discutir que el derroche ha sido un fenómeno generalizado y generalmente fomentado por la falsa abundancia del ladrillo. Cierto: Aznar fue con las cifras mucho mejor que Zapatero. Pero en el mapa regional todos han pecado. Basta observar el ranking de las CCAA con mayor deuda pública según el Banco de España. Las hay de todos los colores políticos. La primera es Valencia (19,9% del PIB), feudo del PP. La segunda es Cataluña (19,7%), huerto del tripartito que ahora CiU intenta rescatar de la putrefacción. La tercera es Castilla-La Mancha (18,3%), virreinato socialista hasta que llegó De Cospedal. La cuarta es Baleares (16,8%), en manos primero de un cuatripartito comandado por Antich (socialista) y desde mayo en el regazo popular. Y Andalucía, que en esto no es de las peores, arrastra una roncha del 9,5% del PIB, equivalente a unos nada desdeñables 14.000 millones de euros.

En 2010, el Ejecutivo central y los autonómicos pactaron cargarse 515 organismos públicos adscritos a las CCAA. El compromiso era de mantequilla: apenas han desaparecido 70, el 13% de lo estipulado.

Éstas y no otras son las razones por las que Rajoy trata a los presidentes regionales como menores de edad. Nadie conocerá jamás del todo los planes del gallego, pero se adivinan tres pasos. El primero, a finales de mes, consistirá en aprobar un plan estatal para refinanciar la deuda autonómica (lo anunció Soraya ayer). El segundo, en marzo y coincidiendo con la temida e inevitable subida del IVA, pasará por presentar una ley que, según adelantaba De Guindos al Financial Times, permitirá al Estado supervisar y en su caso corregir "a priori" los presupuestos autonómicos para evitar travesuras (cuenta para ello con el aval, vía jurisprudencia reciente, del Tribunal Constitucional). El tercero, obviamente el más insondable y polémico, parte de una deducción que a su vez parte de un desliz. ¿Recuerdan aquella breve referencia a la "supresión de la financiación prevista en los estatutos de Andalucía, Cataluña, Baleares y Castilla y León" anunciada "por error" en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre?