Hoja de ruta

Ignacio Martínez

Secuestro de ciudadanos

EL general Macarthur, cuando el presidente Roosevelt le obligó en 1942 a abandonar Filipinas ante el avance de los japoneses, juró que volvería y tardó dos años y medio en conseguirlo. El jueves por la mañana Mariano Fernández Bermejo juró, o quizá prometió, que este ministro arreglaría la huelga de los funcionarios de Justicia y ha tardado dos días y medio en conseguirlo. Ayer tarde hubo acuerdo.

Se podía haber tirado el farol dos meses antes y siete autonomías, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y otros órganos centrales se habrían ahorrado un colapso que tardará en arreglarse un año: desahucios o matrimonios pendientes, nacimientos sin inscribir, 130.000 actuaciones judiciales sin ejecutar, 50.000 juicios suspendidos. Los huelguistas reclamaban un complemento salarial como el que tienen las autonomías con los servicios transferidos, entre ellas Andalucía. Razonable petición. Como razonable sería que tuviesen un sistema objetivo para medir su productividad y que el plus se cobrase en función de la eficiencia.

A la imagen lamentable de la Justicia en el caso Mari Luz, la niña onubense muerta por un sujeto que debía estar en la cárcel, se une esta huelga de la que no sólo es responsable Bermejo. Los sindicatos españoles, con una de las tasas de afiliación más bajas de Europa, se han refugiado en las empresas públicas y en la Administración, en donde además proliferan organizaciones incontroladas con gran afición a coger de rehenes a los ciudadanos. Un caso paradigmático es el intento del sindicato de conductores de la empresa municipal de transportes de Sevilla, Tussam, de hacer huelga durante la Feria de Abril que empieza hoy. Afortunadamente, parece que ha sido conjurado el peligro, pero la irresponsabilidad de este sindicato recuerda las actuaciones del Sepla en Iberia.

En Tussam había una costumbre, también enraizada en el servicio municipal de limpieza de Málaga, de dar preferencia a los familiares a la hora de entrar en la empresa. Un principio que no sólo es insolidario, sino inconstitucional. Hace casi un año, en vísperas de las elecciones municipales, el sindicato de conductores montó una huelga para impedir la contratación de 11 chóferes de una empresa privada, que hacía la línea al barrio de Bellavista y había sido absorbida por Tussam. Piquetes de huelguistas rompieron los cristales de 212 autobuses, y causaron daños por valor de 109.000 euros. Ocho personas fueron detenidas in situ y está pendiente la causa penal contra ellos. La huelga prevista para hoy pretendía impedir que el expediente administrativo, cuando se lleve a cabo, no pase de 14 días de empleo y sueldo en el peor de los casos. Ya han arrancado que no habrá despidos, aunque la justicia los considere culpables. Hoy habrá un referéndum y mañana se reanudan las conversaciones con la empresa. Hasta la próxima.

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