UNA vez superados los exámenes de Selectividad, se abren oportunidades de obtener un título a miles de estudiantes que cada año se incorporan a la Universidad. Alrededor del 90% de los presentados aprueba, y la nota media es de algo menos de 6; hay carreras que por limitaciones de capacidad exigen una calificación más elevada, y otras donde no existen mínimos, lo cual no tiene que ver con la dificultad y exigencia de los estudios.

Hace poco conocíamos un análisis de inserción laboral de universitarios que, aunque limitado a una Universidad de Andalucía, es un botón de muestra de la situación. Hay titulaciones que tienen fácil la inserción laboral, como las diplomaturas de Enfermería y Fisioterapia, así como las carreras de Ingeniería en la mayor parte de sus ramas, y alguna especialidad económica, como la financiera-actuarial. Otras, sin embargo, son de muy difícil encaje laboral como las carreras de letras y, en general, aquellas en las que hay un exceso de oferta de licenciados sobre la demanda, como son las de Derecho, Magisterio o Periodismo. Es evidente que hay demasiadas universidades, públicas y privadas, que repiten casi las mismas carreras, y que producen cada año un número de licenciados cuyos perfiles no encajan con las demandas laborales de la empresa y la Administración.

Otro aspecto llamativo del estudio que comentamos son los bajísimos sueldos que se pagan; el 40% de los licenciados recibe en su primer empleo menos de 900 euros mensuales, y sólo el 7% cobra más de 1.200. Esto es una buena muestra de que el título es un sistema de selección barata y cómoda, excluyendo de algunas ocupaciones a los que no lo tienen, aunque en realidad no resulte necesario para el desempeño de muchas tareas. Las universidades producen estos titulados de forma barata, con profesorado abundante, precario y mal retribuido, elevado absentismo de los alumnos, bajísimo rendimiento y un sistema que permite permanecer estudiando más años de los que dura la carrera. Esto ha sido posible por la proliferación de universidades y centros, cuya oferta crea su propia demanda, pero resulta impensable un ajuste hacia la calidad fusionando y reduciendo su número, tal como ocurre con la empresa privada cuando se imponen la concentración de la producción y las fusiones de empresas.

Por último, hay que referirse a las propias empresas, que no están dispuestas a pagar personal de calidad, o porque no pueden al ser baja su productividad, o porque se ha institucionalizado un reparto cada vez más desigual entre rentas del trabajo y del capital, que se inscribe en la pérdida de peso de los asalariados en la economía. Hay iniciativas muy buenas como las llamadas becas Talentia, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, pero ¿disponemos de tantos alumnos excelentes para disfrutar de estas, y otras becas que se conceden por la iniciativa privada? y, lo más importante, ¿está la empresa preparada para contratar y pagar a los becarios que, una vez finalizada su formación en el extranjero, tienen que volver a Andalucía? Mientras no haya respuestas satisfactorias, la Selectividad no pasará de ser el primer paso de este proceso legitimador que cumple actualmente la enseñanza superior.