HACE un mes murieron ahogados en La Coruña tres policías que intentaban rescatar a un estudiante eslovaco que se había metido en el agua en medio de una tormenta. Dos de esos agentes iban de paisano y podían haber pasado de largo cuando oyeron gritos de auxilio, pero aun así se metieron en el agua y fueron arrastrados por las olas. La noticia apenas de difundió. ¿Cómo se llamaban esos agentes? ¿Tenían pareja? ¿Tenían hijos? ¿Cuánto dinero ganaban al mes? No lo sabemos.

Cada sociedad elabora sus propios mitos, casi siempre sin saber el precio que va a tener que pagar por ellos, y está visto que preferimos idolatrar a los estudiantes que cortaron las calles de Valencia -impidiendo el derecho a la libre circulación de sus conciudadanos- antes que a estos tres policías que sacrificaron su vida por un estudiante desconocido. Y lo digo porque llevamos un tiempo oyendo acusaciones gravísimas contra jueces y policías, a los que se les ha llamado sin ningún escrúpulo franquistas y corruptos, olvidando que esos mismos jueces y policías son los que han investigado muchos de los delitos de corrupción que se están juzgando estos días, muchas veces trabajando horas extras que nadie les ha pagado y que es muy probable que nadie les agradezca nunca.

En Baleares, por ejemplo, los agentes de Delitos Económicos que han investigado los casos de corrupción han tenido que escudriñar durante meses miles de facturas y documentos, en busca de un indicio cualquiera que pudiera orientar la investigación por el buen camino. Y luego, mientras bostezaban de aburrimiento o se pellizcaban para continuar despiertos, han tenido que volver a repasar los mismos listados interminables de operaciones bancarias, para averiguar dónde diablos estaba la prueba de que el dinero había sido desviado a donde no debía.

Pero nadie parece acordarse de estas cosas. Y en medio de una gravísima crisis económica y social, nos dedicamos a buscar argumentos para deslegitimar a las instituciones que representan ese concepto tan extraño que llamamos bien común. Y así empezamos insultando a jueces y policías, y luego ya veremos a quién le tocará. No sé si hace falta decir que los jueces y fiscales, y los agentes tributarios y los policías -y habría que añadir a los médicos y a los profesores y a los inspectores laborales-, forman la columna vertebral de eso que llamamos los servicios sociales de una comunidad. Sin el trabajo rutinario y callado de esas personas, por el que reciben un salario casi siempre ridículo, no podemos aspirar a nada que tenga que ver con la justicia o la dignidad. O sea que elogiemos ahora a los servidores públicos, ésos que han conseguido que todo el país esté hoy pendiente de los juzgados de Palma.