Editorial

Sobreactuación para la galería

GRANADA ha entrado con una enorme alarma social en el mapa de la corrupción que está salpicando a políticos e instituciones de todo el país. La ciudad se levantó ayer sorprendida por el amplísimo despliegue de la Policía Nacional para llevar a cabo más de veinte registros en dependencias municipales, domicilios particulares y oficinas de destacadas empresas de la ciudad y la posterior detención del alcalde, José Torres Hurtado (PP), y su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto. La operación judicial, desarrollada a partir de dos querellas presentadas por la Fiscalía de Medio Ambiente, se centra en una presunta trama de corrupción que pondría bajo sospecha más de una década de gestión urbanística bajo el mandato del PP y que implica tanto al regidor y la edil -que fueron puestos en libertad con cargos tras tomarles declaración en la Comisaría-, como a altos funcionarios y a tres conocidos empresarios de la construcción. Los registros y detenciones, llevados a cabo por agentes de la UDEF, se efectuaron cortando calles, acordonando edificios y desplegando un elevado número de vehículos por toda la capital en el marco de una macrooperación que en nada contribuye a defender la presunción de inocencia de los detenidos, independientemente de que el proceso judicial cubra las etapas que requiera y finalice donde deba demostrando o no la culpabilidad de los imputados. Socialmente, el alcalde de Granada ya ha sido juzgado y condenado y su carrera política -después de ganar tres elecciones consecutivas por mayoría absoluta y afrontar ahora su cuarto mandato- pende ya de un hilo. La propia presión social provocó que Ciudadanos le retirara el apoyo para seguir gobernando, se atisba la posibilidad de una moción de censura y hasta su partido lo ha suspendido cautelarmente de militancia. De igual modo, el circo mediático que se originó nada contribuye a la confianza que la ciudadanía debe tener a las instituciones públicas y al respeto debido entre los propios poderes del Estado. Pese a que en las diligencias, declaradas secretas, se investigan presuntos delitos de cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio, la instrucción del caso no se vería perjudicada sin la sobreactuación de ayer. Es seguro que no habría obstaculizado si hubiesen llamado a declarar de forma voluntaria al alcalde de Granada y su concejal de Urbanismo. No se pone en duda la necesidad de investigar la corrupción ni el esfuerzo que se realiza desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como desde los tribunales de Justicia, para atajar la lacra de la corrupción en nuestro país. Es algo más que una simple cuestión de formas.

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