La tribuna

José Chamizo De La Rubia

Tela de juicio

Tenemos un sistema judicial penal colapsado y una organización penitenciaria saturada; y, considero, merecen una importante revisión. Aplican sus normas y procedimientos de manera suficiente para constituir una base esencial en la estructura de nuestro Estado de Derecho, pero acontecimientos recientes han puesto en tela de juicio aspectos que despiertan la sorpresa, cuando no la perplejidad, de los ciudadanos.

Para empezar, podríamos afirmar de una manera un tanto gruesa que ha existido una absoluta falta de comunicación, en el sentido más extenso del término, entre los responsables del sistema. Cuando un órgano judicial dicta su veredicto y ordena la aplicación de las sanciones previstas, necesita su notificación. Pero esa comunicación se enfrenta a todo tipo de dificultades, ya sean espontáneas o, incluso, premeditadamente labradas para enervar la actuación judicial. Y es que, además, en nuestra realidad se toleran actitudes abiertamente obstruccionistas ante cualquier notificación oficial. Lo vemos a diario en actuaciones de tipo tributario, sancionador o de cualquier otra naturaleza; y el ámbito judicial no es desde luego una excepción. Cuántos actos judiciales no se suspenden por la incomparecencia sospechosa de quienes obtienen un nuevo aplazamiento. Las consecuencias de estas prácticas son tan irrisorias que mejor las omitimos.

Si necesitas tiempo, pon un pleito. Dan más miedo los años de litigio que una futura condena. Y así, hemos conseguido que la carga de trabajo sea tan general que el atasco se ha elevado a argumento para quienes ya ni necesitan esconder su apatía profesional.

El caso Mari Luz que ha despertado esta polémica sólo ha puesto en evidencia que la realidad hermética y estanca de los órganos judiciales ha podido con la concepción de la Justicia como todo un sistema complejo y dotado de información compartida, recíproca y coordinada. Un servicio público esencial para el Estado de Derecho depende también de su homogeneidad en cuanto a su información y comunicación. Y expreso una duda: ¿los sistemas autonómicos de auxilio a la administración judicial desarrollan sus respectivos instrumentos informáticos sobre criterios comunes? ¿Son compatibles estas aplicaciones entre los juzgados de toda España? Cualquier gran cadena comercial puede intercambiar datos y detalles sobre todos sus clientes. ¿Puede lo mismo nuestra organización judicial?

El otro aspecto que aviva opiniones es la respuesta legal ante personas que la privación de libertad y demás intervenciones no logran un resultado correctivo, y se acreditan como sujetos con comportamientos de un riesgo severo. Partimos de un sistema penitenciario saturado que se esfuerza por desempeñar un difícil papel de ejecutar la sanción penal y, a la vez, intentar la reinserción del condenado como mejor garantía de paz y orden social. El problema se suscita cuando esas funciones recuperadoras resultan inviables o, sencillamente, fracasan. En determinados casos, que muestran lo peor de un ser humano, no podemos descargar sobre las cárceles una función que ni la más aventajada ciencia médica es capaz de abordar. Sé que algunos teóricos de la psiquiatría se enrocan en sus dogmas, por encima de las evidencias; pero hemos de contar, ante determinados sujetos, con el contumaz fracaso de todo el sistema judicial, penitenciario, médico y asistencial de recuperación. Si entrañan un acreditado peligro, deberíamos poder reaccionar con prevención.

Existen sistemas de información para impedir que un pródigo entre en un bingo, registros que extinguen a morosos del mundo financiero o fuentes de información que afectan a esferas de la vida personal de todos nosotros ¿Resulta, pues, excesivo contar con vías ágiles de información sobre estos delincuentes generadores de un sensible riesgo para la ciudadanía? Parece que olvidamos la existencia del Registro Central de Penados y Rebeldes que, con sus garantizadas condiciones de inscripción, acceso, tratamiento y cancelación, puede ser un magnífico instrumento para el adecuado control de estos casos especiales. Considero que nuestra estrenada legislatura será perfectamente capaz de abordar este reto y -atención, sin apresuramientos de conveniencia--trabajar en mejorar este aspecto, que buena falta hace.

Pedía una importante revisión del sistema judicial y penitenciario. Una reforma profunda que no barrunta fácil si debe liderarla un Consejo General del Poder Judicial que parece ocupado en otras lides. Pero, mientras, me parece muy importante someternos todos los protagonistas de los poderes e instituciones al ejercicio de la responsabilidad, a la sana costumbre de explicar las cosas y demostrar la diferencia entre un terrible error y un irremediable desastre.

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