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LOS ayuntamientos llevan años quejándose la escasez de sus recursos y pidiendo un reparto más equitativo de los presupuestos del Estado, dada su reiterada condición de parientes pobres de la democracia con respecto a la Administración central y las comunidades autónomas.

Casi los mismos años llevan los gobiernos centrales y los autonómicos prometiendo sacar adelante Pactos Locales que aliviarían las penurias municipales. Nunca se aprobaron. Los ayuntamientos se las han ido apañando gracias a la expansión del sector inmobiliario, una fuente de ingresos -vía licencias, convenios urbanísticos, recalificaciones y empleos- que parecía inagotable.

Parecía. El pinchazo del ladrillo ha afectado a las corporaciones locales de manera directamente proporcional a la dependencia que cada una de ellas tenía del sector paradigmático de la crisis (en general, mucha). Alcaldes y concejales han estado trabajando con una alegría irresponsable en materia de ingresos y contrataciones, paralela en todo a la que han derrochado otros sectores económicos y personas. Bien es verdad que también han tenido que hacer frente a crecientes demandas sociales y ejercer competencias que ni siquiera les han sido cedidas por las administraciones superiores, pero que los vecinos exigen con la constancia y la rotundidad que proporciona la cercanía a los munícipes.

La situación, ahora mismo, no es de pobreza, sino de ruina. Las arcas municipales están llenándose de telarañas. Casi ochocientas localidades conforman la geografía municipal de Andalucía. Más de la mitad, según datos de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, tienen problemas financieros graves: todo lo graves que son los problemas de no poder pagar las nóminas cada final de mes y, en otro sentido, también los problemas de no pagar a los proveedores, normalmente pequeñas y medianas empresas que sostienen -o sostenían- el tejido productivo y el empleo locales.

Ha nacido una figura jurídico-política nueva: el ERE municipal. Varios ayuntamientos han presentado ya expedientes de regulación de empleo en sus empresas municipales y en los propios consistorios, y no creo que tarde mucho en cundir su ejemplo. Es lógico que quieran recortar en el capítulo de nóminas, que se lleva la parte del león de los presupuestos municipales, pero eso mismo revela un problema tremendo, que es la inflación de personal que se ha ido produciendo al calor del boom económico ahora apagado. Se ha contratado a mansalva, sin tener en cuenta la coyuntura y sin percatarse de que el empleado público se siente subjetivamente más seguro que el privado. Cree que su empleo es para siempre.

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