LA crisis económica afecta a los medios informativos por debajo de la línea de flotación de su función social y su condición de nutriente de la opinión pública. A los despidos y la precarización laboral de los periodistas van a seguir, si nadie lo remedia, los cierres de cabeceras, las concentraciones empresariales y la incertidumbre sobre el futuro del audiovisual público.

Los presupuestos de RTVE para 2012 se han visto severamente mermados después de que el Ejecutivo saliente estableciera un modelo de financiación abocado al fracaso, como denunciaron en su día todos los agentes del sector y la misma Comisión Europea. El Gobierno fue más generoso con las cadenas privadas, seducido por los sueños idílicos de los consejeros del presidente, que finalmente terminaron por favorecer los intereses del italiano Berlusconi.

Se permitió primero, apelando a razones de pluralidad, la expansión del sistema con dos canales generalistas: Cuatro y La Sexta; luego, cuando se comprobó lo que ya se sabía -no había mercado para tantas emisoras-, se cambió la normativa y se autorizó la fusión de las cadenas, lo que, con la misma lógica empleada para la expansión, supuso una reducción de la pluralidad... Y cuando la crisis alcanzó a las cadenas privadas, las rescató con el trasvase a sus cuentas de resultados de la publicidad retirada a TVE, aunque sin asegurar una financiación sostenible de la televisión pública.

Aun con las medidas de austeridad que definen la actual política de recortes -los célebres y bien calculados silencios de Rajoy...-, desatender la televisión nacional es un riesgo para la vertebración del Estado y la salud de la democracia. TVE, que había roto con su pasado sesgo gubernamental en los informativos -aún necesitan lavar los excesos de su agenda: demasiados sucesos, vida rosa y deportes-, está en la mejor posición para normalizar su cometido de servicio público, en los términos de otras televisiones europeas que nadie cuestiona.

En los últimos años, Berlusconi se ha hecho con el control de más de la mitad del mercado de la televisión privada, y el resto de las cadenas están vinculadas también a capital foráneo, con una tendencia que pudiera poner al conjunto del sistema comercial en manos externas. Frente a esa deriva, que no ha sido equilibrada con el arbitraje de un Consejo Audiovisual, es necesario mantener el contrapeso de una televisión pública realmente independiente, especialmente orientada a garantizar el derecho a la información de los españoles. Lo contrario sería un paso más en la degradación de la calidad democrática del país.