MÁS que a una vara verde. A la juez Mercedes Alaya la temen los políticos autonómicos y municipales que han tenido o tienen el control de áreas de gobierno. Y ayer no se recataron Monteseirín y Valderas para acusarla más o menos veladamente de influir en el resultado electoral en Sevilla a favor del PP. Igual que a cualquier persona, incluso los políticos, le asiste el principio de presunción de inocencia, a la juez también en el ejercicio de su función jurisdiccional. Son los dirigentes de PSOE e IU quienes tienen que aportar datos y hechos sobre el contubernio que insinúan entre la juez (Alaya) y el ex juez (Zoido) para convertir la instrucción del caso Mercasevilla en una estrategia electoralista que demonizara a Monteseirín y Torrijos para favorecer la victoria del PP por mayoría absoluta. Hasta ahora no han probado prevaricación alguna. Que lo hagan, o que callen. No les queda otra.

Una vez más, eluden su responsabilidad política en el mayor escándalo de la vida municipal hispalense desde el advenimiento de la democracia. La ruina de Mercasevilla, el intento de extorsión a los dueños de La Raza y las injustificadas prejubilaciones, entre otros factores de una gestión calamitosa, no son un invento de jueces con ínfulas de promoción personal y ascensos, sino una ominosa realidad que debería haber dado pie a una comisión municipal de investigación. Muchas de las irregularidades detectadas son chapuzas e inmoralidades que no darán lugar a juicios ni a condenas. Pero la falta de control sobre una empresa pública de la que eran sus máximos responsables en el consejo de aminittración era motivo político más que suficiente para haber ejercitado la democrática higiene de las destituciones y las dimisiones cuando el pufo empezó a publicitarse.

Desengáñense. Alaya no le ha conseguido dos o tres actas de concejal a Zoido. La pérdida de votos de PSOE e IU responde más a sus propios deméritos locales, regionales y nacionales.