La semana político-judicial que hoy acaba ha sido una de las más espectaculares de los últimos tiempos, al nivel del incremento del paro. Así, los alcaldes de Arganda y Pozuelo y otras 35 personas han sido imputados por Garzón; dos personas han sido condenadas por el caso de las facturas falsas del Ayuntamiento de Sevilla, continúan las noticias procesales sobre el alcalde de Alcaucín, con un colchón repleto de euros. En youtube triunfa un vídeo en el que supuestamente el alcalde de Ohanes acepta un soborno. El presidente Chaves ha sido contundente sobre el caso Gürtel: se trata de un "hecho estructural" dentro del PP, que recorre este partido "de arriba abajo". Un muy duro calificativo, a la altura de la opinión de Javier Arenas, para quien el PSOE solo ha traído a Andalucía "despilfarro, paro y corrupción" y Chaves es el responsable "del festival de escándalos".

Si se tuviera la flema británica, uno les daría la razón a los dos y zanjaría el caso con alguna frase, como la conocida de lord Acton, "el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente". Pero sigue siendo verdad otra frase famosa, la que pronunció Winston Churchill en la Cámara de los Comunes en 1947: la democracia es la peor forma de gobierno, con excepción de todas las demás. Y no hay democracia posible sin partidos. Así que no descalifiquemos a estos instrumentos de participación política, al contrario de lo que hacen sus líderes, e intentemos pensar cómo combatir la corrupción, sobre todo en las instituciones donde más se está produciendo, en los municipios. En mi opinión, habría que empezar por abandonar el tópico de la honradez de la gran mayoría de alcaldes y concejales. Por supuesto que lo son; pero no se trata de legislar sobre personas, sino sobre instituciones, y para eso es mejor partir de la vieja frase de lord Acton, que nos sitúa en una sana desconfianza hacia el poder. No en balde esta misma semana hemos sabido que la justicia investiga el urbanismo de 18 de los 29 municipios de la Axarquía. Pues bien, mientras se ha conseguido una aceptable legislación penal para luchar contra la corrupción, no se puede decir lo mismo de la local, la electoral y la urbanística. Y otro tanto cabe decir de la aplicación de esa misma legalidad, donde las instituciones supramunicipales han sido muy pasivas ante los incumplimientos locales, como prueba que la misma Axarquía, la cuenca del Almanzora y Chiclana tengan miles de viviendas en terreno rústico. Del control interno de los partidos, mejor no hablar: no soy capaz de recordar un caso de alcalde expulsado por corrupción antes de ser imputado porque siempre se confunden la presunción de inocencia, que es una técnica penal, con la responsabilidad política. Lo lógico sería no presentar a la reelección a un alcalde con decenas de denuncias. Sin embargo, seamos benévolos: ¿quién se atreve a expulsar a un alcalde que puede volver a ganar las elecciones como independiente y, de paso, desequilibrar una diputación?

Pero centrémonos en las medidas legislativas: en Andalucía podría crearse alguna subcomisión de estudio (de esas que abundan en el Congreso) para buscar técnicas contra la corrupción. Algo se consiguió con la Ley de Urbanismo de 2005, que creó el cuerpo de inspectores urbanísticos de la Junta. Pero todavía se pueden pensar muchas otras. Aquí van algunas sugerencias: simplificar la legislación urbanística, que tanto margen de discrecionalidad permite, retomar las competencias urbanísticas autonómicas delegadas en los municipios, reforzar las competencias de los secretarios e interventores (o mejor objetivar su designación, sin que dependan de la voluntad de los alcaldes), prohibir los indultos para ex cargos públicos, limitar el mandato de los alcaldes a dos legislaturas. No perdamos la esperanza. Como dijo el más inglés de todos los ingleses, siempre nos queda la solución de cerrar los ojos y dormir, tal vez soñar...