LA tercera ola de la crisis ya está aquí. La decisión tan traumática y tantos años postergada de adelgazar la Administración (local, provincial, regional y nacional) en más de cien mil empleos. En una tierra donde tantas familias sueñan que sus hijos sean funcionarios de por vida, no cambiarán el chip de buenas a primeras. ¿Cómo va a ser idóneo echar gente a la calle, recortar salarios o suprimir pluses, si a cambio hay que pagarles el subsidio de desempleo?, se preguntarán. Esa es la cuadratura del círculo. Por desgracia, pagarán justos por pecadores. Pocos enchufados y pelotas quedarán desabrigados. Quienes han tomado tantas decisiones contraproducentes no se van a destituir a sí mismos. Pero un país sin circulante cuya estructura productiva está desarbolada ya no puede hacer el paripé de mantener un faraónico aparato administrativo, sobre todo en las diecisiete autonomías, repletas de organismos prescindibles desde los que llevarse un sueldo a casa. O el Estado adelgaza y aprende a gastar lo que ingresa, o nos vamos todos al garete.

El mal está generalizado, porque todos los partidos ocupan el poder regalando nóminas para vivir del erario público en despachos y oficinas. Y, a la vez, faltan policías, jueces, médicos y profesores. Es decir, los servicios básicos de la función pública están mal dotados, y a la vez mantenemos una excesiva galaxia de ocurrencias con membrete oficial. Había hambre de estatus oficial, ya pillara uno el de director general y otro el de chófer. Después tocó saciar la segunda hambruna: solapar el trabajo de los funcionarios con la externalización de infinidad de cometidos a consultoras, productoras y demás empresas de servicios que también quieren vivir de lo público pegándose como una lapa. Todo eso es mucho más cómodo que trabajar en las urgencias de un hospital, dar clase a una veintena de niños encarados, instruir una causa judicial contra el blanqueo de capitales o patrullar por calles donde apedrean a los policías.

Tercer Primero de Mayo con la economía española desangrándose. Segundo de Dispendios tras volatilizarse el superávit de las cuentas públicas. Primero de Recortes. Zapatero, en vísperas de la manifestación abanderada por la izquierda sindical y política, pone por delante la supresión de una pequeña parte de los organigramas de alto standing como estrategia ante lo que se avecina: el adelgazamiento de las plantillas en todas las instituciones públicas por pura imposibilidad de pagarlas. En unos casos será por goteo y en otros por chorreo. Y será la hora en que acontezca el gran enfrentamiento entre gobernantes y sindicalistas, ajenos hasta ahora al calvario que sufren tantas familias de asalariados privados y autónomos ajenos al blindaje del empleo público. El Ayuntamiento de Sevilla va a ser uno de los campos de batalla, al grito de ¡Sálvese quien pueda!