POSIBLEMENTE 2011 ha sido el año más duro y traumático para el negocio televisivo, especialmente entre las empresas privadas a causa de la grave situación económica y el tsunami de la caída de la facturación publicitaria. Sin embargo, las cadenas privadas de referencia han hecho los deberes para que no se les caiga el chiringuito y poder así mirar al futuro con cierta esperanza. Las fusiones entre operadores, hace pocos años casi una herejía, son vistas ahora con total normalidad y sin que nadie se rasgue las vestiduras, tanto desde las empresas del ramo como desde la vertiente de los espectadores.

La misma terapia no se estila, de momento, entre las autonómicas de la Forta, incluida nuestra Canal Sur. En estos canales -con la excepción de la asfixiada RTPA asturiana- se mantiene el timón con el rumbo fijo haciendo suyo aquello de que "hay que cambiarlo todo para seguir igual". Y no, el terreno de juego es el mismo de siempre pero el público y las reglas han cambiado por culpa de un árbitro llamado crisis que lleva tres años pitando en su contra. Sólo aquellos operadores de la Forta que sepan adecuarse al nuevo panorama y pasar por la ITV para someterse a chapa y pintura podrán terminar el partido; el resto deberá plantearse seriamente pensar en un traspaso de la propiedad o, en el peor de los casos, situarse como candidatos a un obligado plan de achatarramiento.

El problema de la RTVA no radica en la tarjeta Visa de su director general, una entrevista a Griñán sin mentar los ERE o los sueldos de impresión del consejo de Administración. Que también. El fallo -extensible al conjunto de la Forta- radica en un modelo basado en la televisión del siglo pasado. Mientras, en TVE plantan pelea por un recorte presupuestario de 200 kilos al tiempo que despachan -según denuncia el sindicato USO-, un talonario de 60.000 euros a repartir entre Igartiburu y Mota por los apenas 15 minutos de retransmisión de las campanadas. Con estos honorarios, no le extrañe que para el próximo fin de año Emilio Botín reclame en Prado del Rey y Moncloa ser la pareja de la presentadora vasca.

Hay tiempo por delante para acometer una tarea que nadie ha querido, sabido o podido acometer en la oferta televisiva pública. El Gobierno ha dado el primer paso con el anteproyecto de modificación de ley que posibilitará el capital privado en las autonómicas. Los que quieran disimular el naufragio que se avecina, que copien la táctica del capitán del Costa Concordia y hundan con deshonor su cadena a cinco metros de tierra firme aferrándose a excusas peregrinas. No hay que cursar un máster en futurología para verlo venir: posiblemente, 2012 será el año más duro y traumático para el negocio televisivo de las cadenas públicas.