la esquina

José Aguilar

Toca recorte a los directivos

NO hay Consejo de Ministros sin medidas y/o decretos que incidan en la situación económica que atraviesa el país. A Rajoy no se le puede achacar pasividad. El Gobierno no está a verlas venir en plan tópicamente gallego. Acertará o no, que eso en según qué casos el tiempo dirá, pero el activismo no hay quien se lo pueda negar seriamente.

Cada día tiene su afán, y cada viernes su plan. Una semana suben los impuestos, otra se hace la reforma financiera y después se perpetra la reforma laboral más desequilibrada que se recuerda. El turno fue ayer para/contra los directivos de las empresas públicas, que van a ver sustancialmente recortadas sus retribuciones.

Da la impresión de que el Gobierno se acoge al socorrido método de la sucesión del palo y la zanahoria. Desde el punto de vista social, me refiero. Al anuncio de que los sueldos de los directivos de entidades financieras que han recibido ayudas públicas serán estrictamente controlados a la baja (gratificante para las clases populares) siguió la reforma laboral que abarata y facilita el despido y aumenta el poder de decisión del empresario (mortificante para las clases populares), y a ésta la ha relevado el decreto sobre las empresas públicas. Se ponen los huevos en distintos nidos.

El Gobierno Zapatero prometió reducir el número de empresas públicas, que supera las cuatro mil, aunque a la hora de la verdad apenas se cargó varios centenares de ellas. El Gobierno Rajoy, quizás consciente de que no es tan fácil la jibarización del sector, ha optado por disminuir su coste con un doble mecanismo. Por un lado, baja el número de miembros de los consejos de administración de las empresas de titularidad pública, y, por otro, le pega un tajo a los sueldos de sus directivos. Tajo considerable: entre el 25% y el 35% del sueldo base, de modo que los de grandes empresas no podrán superar los 105.000 euros anuales, los de las medianas 80.000 y los de las pequeñas 55.000. También es razonable que se eliminen las retribuciones en especie y que los complementos variables los fije Hacienda en función del cumplimiento de los objetivos.

El decreto gustará a la gente, que aplaude en estos malos tiempos todo lo que suponga austeridad y ejemplo de los que están arriba. Tiene un límite, ciertamente, y es que si se insiste y se profundiza en exceso en el abaratamiento de los cargos y gestores públicos se corre el peligro de que lo público deje de resultar atractivo para los profesionales más brillantes y lo ocupen los que en el sector privado no progresan debido a su mediocridad. Algo de esto está pasando ya. A numerosos gestores eficaces no les compensa empobrecerse a cambio de ver colmada su ambición o su vocación.

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