Hoja de ruta

Ignacio Martínez

Togas caídas

JUECES y secretarios de juzgado han demostrado ayer que pueden parar este país. No tiene mucho mérito: los camioneros lo hacen con más frecuencia y causan más molestias. Pero es la primera vez que altos funcionarios de la administración de justicia dejan de trabajar para denunciar "la carencia de medios para afrontar la abrumadora carga de trabajo que soportan los juzgados". Es de agradecer que trasladen estas cosas a la opinión pública. El problema es que la protesta no es desinteresada, aunque sus protagonistas afirmen que no era corporativista. Lamento estar en desacuerdo. No se habría producido un paro semejante de no haber mediado una sanción de dos años de empleo y sueldo a una secretaria de juzgado de Sevilla, por no ejecutar una sentencia de cárcel para el presunto asesino de Mari Luz Cortés, la niña de cinco años, muerta en enero en Huelva. Tampoco el seguimiento de esta huelga de togas caídas habría sido tan intenso de no arriesgarse el titular del mismo juzgado a una sanción similar. Pero estaría bien que este espíritu del 21 de octubre siguiera vivo: responde a un mal profundo y ha sido iniciado por jueces de a pie, de los pueblos, completamente desasistidos.

Los manifestantes se han empleado a fondo contra el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que no es juez de carrera, sino fiscal. Este matiz podría dar otro sesgo corporativista a la protesta, pero no. Tampoco se lo añade que Bermejo sea poco grato a la derecha española y la judicatura es una carrera tradicionalmente conservadora. Los miembros de la organización progresista Jueces para la Democracia han participado con la misma intensidad que los de la Asociación Profesional de la Magistratura en esta protesta. A la mayoritaria (y conservadora) APM pertenece el juez Rafael Tirado. Los jueces se quejan de las injerencias del Gobierno: en particular de Bermejo y la vicepresidenta Fernández de la Vega, juez aunque no por oposición, sino por el cuarto turno. La número dos del Gobierno español ha pedido una sanción de tres años para el juez Tirado, lo que suena a presión sobre el Consejo General del Poder Judicial, que tiene que decidir en pocas semanas.

Tampoco es mala presión la ejercida ayer sobre el CGPJ por los huelguistas. Me habría gustado este mismo espíritu cuando en 1993 la juez Blanca Esther Díez denunció una mafia judicial en Marbella. Aquello le costó un acoso corporativo, expedientes y sanciones. Con el tiempo hemos sabido que lo que era aquella Marbella en la que reinaba Jesús Gil, en la que se agasajaba un año tras otro a los máximos responsables de la judicatura española y a sus señoras esposas, a todo plan. Entonces, nadie hizo ascos a las lisonjas de Gil. Las cúpulas de la JpD y la APM estaban a lo suyo, a colocarse en el CGPJ. Si las cosas cambian, algo habremos ganado con este espíritu del 21 de octubre.

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