TRAS cinco días de linchamiento mediático y político, el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, dimitió ayer de su cargo. Será la Justicia la que determine en un futuro si ha tenido algún tipo de responsabilidad en una supuesta trama de corrupción urbanística, pero de lo que ya estamos seguros es de que el primer edil granadino fue condenado a una injusta muerte civil desde que una aparatosa -y a todas luces desproporcionada- operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) procedió a su detención y al cerco y registro de su domicilio ante una nube de medios de comunicación que habían sido previamente avisados. Lo que podía haberse resuelto con una simple citación y una discreta operación acabó en uno de esos shows a los que, últimamente, nos han acostumbrado algunas acciones policiales que dan tratamiento de peligrosos delincuentes a ciudadanos a los que se les pisotea la más elemental presunción de inocencia y se les condena a eso que se denomina con acierto "penas de telediario y Google". De poco servirá que, en unos meses, un juez pueda decidir que Torres Hurtado no tuvo nada que ver con la presunta trama corrupta; en el imaginario colectivo siempre se le recordará como el alcalde que tuvo que dimitir tras su espectacular detención una mañana de abril de 2016.

La desproporción e injusticia de esta operación -que además supuso un evidente derroche de dinero público, ese que aportan los sufridos contribuyentes- fue tal que llegó a provocar un comunicado de desautorización de la mismísima Fiscalía General del Estado, algo de lo que apenas había precedentes. Un político con una larga carrera de servicio público y que es alcalde desde 2003 de una de las ciudades más importantes de Andalucía -con cuatro elecciones ganadas, tres de ellas por mayoría absoluta- ha sido sometido a una vejación pública de la que difícilmente se le podrá resarcir. Por desgracia, no es la primera vez que ocurre tal dislate, como hemos visto en algunas operaciones relacionadas con el caso de los falsos ERE en Andalucía.

El daño ya está hecho, pero al menos debería servir para que tanto los mandos policiales como los responsables del Ministerio de Interior y también el Consejo General del Poder Judicial inicien una seria reflexión. La garantía de derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la proporcionalidad y el respeto que se deben los poderes del Estado entre sí son los principios por los que se deben guiar este tipo de operaciones. Asimismo, se debe abrir sin dilación la depuración de responsabilidades en este caso concreto. Tanto desatino debe ser corregido.