Las dos orillas

José Joaquín León

La Transición ha terminado

SUELE ocurrir que el tiempo pasado es idealizado. Recordamos sólo lo mejor y lo convertimos en paradigma de lo deseable también ahora, cuando las circunstancias han cambiado. Si hay un tiempo que ha sido idealizado en España ese es el de la transición entre la dictadura y la democracia. Y así se ha sublimado todo lo ocurrido en el lustro comprendido entre junio de 1977, con las primeras elecciones libres, y octubre de 1982, con el triunfo del PSOE de Felipe González, que llevaba a un partido de izquierda al Gobierno por primera vez desde la Segunda República.

Es cierto que en ese lustro se fijaron los cimientos de la Monarquía constitucional, la legalización de los partidos, la configuración del Estado de las Autonomías y se pusieron las bases para la España moderna. Pero han pasado 30 años, hay nuevas generaciones, la sociedad ha evolucionado, la democracia se ha consolidado con sus luces y algunas sombras. En resumen, de Adolfo Suárez a José Luis Rodríguez Zapatero hemos pasado por gobiernos de UCD, PSOE y PP, aunque en la autonomía andaluza siempre hayan estado los mismos, desde Plácido Fernández Viagas a Manuel Chaves. Es un periodo suficiente para entender que algunas cosas válidas en 1977 ya no lo son en 2008. La Transición no es eterna.

La Constitución de 1978 tuvo grandes logros y ha posibilitado el periodo de más estabilidad democrática. Sin embargo, algunas cuestiones podrían retomarse sin afectar a lo esencial. Un ejemplo es la cadena perpetua, como se ha visto a raíz de la polémica por el caso de la niña Mari Luz. Se dice que no es constitucional y no tiene encaje en nuestras leyes cada vez que se esgrime la posibilidad de que exista en España, como en otros países democráticos de Europa. Es cierto que en los años de la Transición, hace ya tres décadas, se desechó esa posibilidad, pero la experiencia de la España democrática da motivos para que se revise ese criterio en casos especialmente horrorosos, como pueden ser los atentados terroristas o los asesinatos de niños a manos de pederastas. Si existe una madurez democrática para que sea asumido por la sociedad, es absurdo escudarse en normas surgidas bajo los vientos de la amnistía y las cárceles abiertas.

Igual pasa con el sistema electoral. Tiene razón Izquierda Unida cuando defiende una reforma a fondo para algo tan simple como que el tercer partido en votos sea también el tercero en número de escaños, en vez de ser el sexto, como ahora. En el debate de investidura Zapatero anunció que estudiará una reforma. Aunque será difícil que haya consenso, los vicios de la Ley D'Hondt ya se han visto y se deberían corregir, en vez de insistir en el error.

La Transición, como la guerra, ha terminado.

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