EL caso de los ERE andaluces es bastante grave en sí mismo. No hace falta adornarlo con exageraciones como las que se vienen disparando, y disparatando, desde el PP. Como la de González Pons de que es "la mayor trama de podredumbre de la España contemporánea" y de que el PSOE ha repartido entre sus amiguetes los casi 700 millones de euros destinados a financiar los expedientes de regulación de empleo.

Es grave, sí, que varias decenas de individuos -como mínimo- hayan estado cobrando como prejubilados de empresas en las que nunca trabajaron. Y que se haya organizado una red de saqueo de dinero público formada por militantes o ex militantes del PSOE y de UGT bien introducidos en la Administración autonómica. Y que hayan realizado sus actividades ilícitas en las mismas barbas de dos consejeros sucesivos de Empleo y de sus respectivos equipos sin que haya saltado ninguna alarma hasta que unos empresarios a los que se pretendía extorsionar lo denunciaran. Y que se haya mantenido un instrumento de gestión de los ERE fuera de los controles habituales (con un "fondo de reptiles" o un "fondo para apuros", como se prefiera) a pesar de la disconformidad manifestada varias veces por la Intervención General de Hacienda de la Junta. ¿Para qué sirve, entonces, la Intervención?

Como es natural, serán los tribunales los que establezcan qué delitos se han cometido y qué sanción penal corresponde a sus autores. En el plano puramente político, por el contrario, existen ya responsabilidades ineludibles. Ningún cargo público está blindado contra la corrupción de algún subordinado o alguien de su entorno, pero aquí no estamos hablando de una actuación individual y puntual, sino de una trama organizada, colectiva y activa durante años en las entrañas mismas de la Junta de Andalucía. Resulta difícil creer que nadie oyera ni sospechara nada.

Me inclino a creer más bien que la autoridad hiciera la vista gorda o no quisiera enterarse de que cerca de ella se estaba cometiendo un gran fraude a cargo de compañeros de militancia socialista o ugetista, auspiciado precisamente por la proximidad al poder, por la codicia propia de la condición humana y por una realidad objetiva, que es la desactivación de los controles normales de la Administración. Y envolviendo a este cóctel tóxico aparece un factor muy desestabilizador y efectivo: que el mismo partido lleva treinta años seguidos gobernando en Andalucía. No existe nada que propicie más los fenómenos de corrupción que la sensación de impunidad que otorga una larga permanencia el poder. Se baja la guardia del autocontrol y la vigilancia y se piensa que todo vale porque nunca pasa nada. Menos mal que a veces pasa.