POCO a poco, los derechos civiles van siendo conquistados por la tenacidad de organizaciones sociales. Un camino más fructífero a la larga, por emanar de abajo arriba, que los señuelos legislativos dispuestos por los partidos políticos en su pugna parlamentaria por presumir de sensibilidad social. Con la barahúnda de idas y venidas agosteñas, no puede pasar desapercibido el éxito logrado desde Sevilla por Andalucía Acoge y la Asociación Pro Derechos Humanos. Ambas ONG han ganado en el Tribunal Supremo equiparar los derechos de los padres de españoles, hayan nacido o no en un país de la Unión Europea. Su victoria anula doce preceptos del Real Decreto 240/2007. Para hablar de estos asuntos y de estos reveses no salen a la palestra los portavoces gubernamentales ni parlamentarios. Se callan ante un triunfo de la sociedad civil.

El litigio tiene toda la encarnadura de la que usted se pueda sentir implicado si se imagina que es un brasileño, egipcio, noruego o canadiense y tiene uno o más de un hijo con nacionalidad española. Gracias al recurso de las citadas asociaciones, el Supremo refrenda que tienen el mismo derecho a entrar, permanecer y circular libremente por España, independientemente de su lugar de procedencia, siempre y cuando cumplan el resto de requisitos ya establecidos para los europeos de la UE. El miedo a la entrada de inmigrantes en nuestro territorio, mediante el reagrupamiento familiar, había llevado a formular una regulación que permitía a un ciudadano francés que reside en España poder reagrupar a sus padres, mientras que le resultaba más difícil a un ciudadano español con padres extranjeros, argentinos por ejemplo.

Claro que hay picaresca para asentarse en los países del primer mundo como ciudadano de pleno derecho. Pero devaluar el valor de la nacionalidad española mediante una normativa es algo que no va en consonancia con un país que se echó a la calle en julio flameando banderas y cantando ¡Yo soy español, español, español!