AL secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández España, no le quedaba otra salida que la que tomó ayer. Demasiado ha tardado en hacerse responsable del escándalo de la financiación del sindicato, aunque le han bastado dos días para comprender que su decisión, del miércoles pasado, de aplazar la solución de la crisis al comité extraordinario del 9 de enero era cualquier cosa menos una solución.

El panorama que tenía delante era devastador. Sobre todo, porque no se enfrentaba a un problema ideológico o una lucha por el poder interno, sino a una auténtica crisis de legitimidad de la central sindical. Lo que UGT ha venido haciendo con los fondos aportados por la Junta de Andalucía pone en cuestión la esencia misma y la razón de ser de una organización de defensa de los trabajadores convertida por sus dirigentes en una asociación de intereses personales y de grupo. Una malversación ética y política mucho más grave que la malversación jurídica del dinero de todos.

De ahí procede todo lo demás: el descrédito social, la indagación judicial de las facturas falseadas y la ingeniería contable -a cargo, por ahora, de la juez Mercedes Alaya, nada menos-, el abandono total por parte del poder fraterno de la Junta, que ha abierto diecisiete expedientes para revisar subvenciones entregadas por valor de 7,5 millones de euros y de momento le reclama la devolución de 1,8 millones, el malestar creciente de las bases ugetistas y la presión de la ejecutiva federal liderada por un Cándido Méndez temeroso de que la mierda salpique a todo el sindicato y ansioso de cortocircuitarlo en la propia Andalucía...

La táctica defensiva de Fernández Sevilla se ha revelado inútil, cuando no contraproducente. El motivo es fácil de entender. Eso de envolverse en la bandera de la lucha obrera tachando las denuncias de "causa general" contra UGT y ofensiva de los enemigos de los trabajadores choca aparatosamente con una realidad: ninguna de las informaciones del escándalo, día a día, han podido ser desmentidas por la cúpula de la UGT andaluza. Todo lo que se ha dicho que hicieron lo hicieron efectivamente. Sus prácticas han quedado al desnudo y al juicio condenatorio de la opinión pública, empezando por la opinión de los trabajadores.

Fernández Sevilla ha ofrecido su cabeza porque el escándalo ocurrió durante su guardia, de seis meses, pero también durante los años en los que fue el número dos.