La construcción del Parasol de la Encarnación se encuentra en fase crítica. En situación delicada. A los serios problemas de financiación que han provocado ya una segunda desviación presupuestaria del orden de 25,8 millones de euros, lo que eleva a más de 110 millones de euros los compromisos globales de gasto que dicho proyecto supone para las arcas municipales, se suman también las dudas sobre su viabilidad técnica. Incertidumbre que, aunque era conocida de primera mano por el gobierno municipal desde mayo de 2007, no ha llegado a ser admitida en público hasta dos años y nueve meses después. En concreto, hasta finales de enero, cuando el concejal de Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, reconoció en una rueda de prensa que se trataba de una "obra imposible" cuya adjudicación se aprobó en 2005 sin que realmente existiera "la tecnología necesaria" para sacarla adelante.

El Ayuntamiento ha mantenido en secreto desde entonces tanto el sobrecoste del proyecto -que sin contar los gastos previos a la adjudicación a Sacyr y los extras implica un desembolso de 85 millones de euros- como los importantes defectos de índole técnica que presentaba el proyecto básico y el programa de ejecución, ambos elaborados por el estudio de Jürgen Mayer, el arquitecto berlinés responsable de las obras.

Mayer, que ganó el concurso de ideas para remodelar la Encarnación, fue contratado por Sacyr para desarrollar este singular proyecto. Su apuesta por construir una gigantesca estructura de madera para cubrir el futuro complejo comercial, cubierta que además da nombre al nuevo edificio, era vanguardista y arriesgada. Tan arriesgada que en mayo de 2007 la empresa de ingeniería Ove Arup, asistente del arquitecto desde el principio y consultora contratada por Sacyr, emitió un informe en el que decía que, tal y como habían sido concebidas, las setas era inviables. Urbanismo nunca comunicó esta circunstancia.

La certidumbre de que el Parasol entraba en una fase de punto muerto no hizo al Ayuntamiento parar la obra o replantearse la operación. Se optó por seguir adelante y probar algunas de las soluciones que la empresa de ingeniería iba ensayando, siempre a posteriori, con la cimentación de Parasol construida para una estructura -la planteada en el proyecto base- que ya no servía y con una cuenta de gastos extraordinarios que no dejaba de subir. Así se estuvo, según los informes técnicos, hasta enero de 2009.

Dichos informes técnicos arrojan ahora algo de luz sobre los motivos por los que se decidió seguir adelante -sin decir nada en público- y, sobre todo, quién o quiénes son los causantes de la situación actual. Hay dos ámbitos a analizar. Por un lado, el político. Por otro, el técnico. En el primer epígrafe la cuestión arroja escasas dudas: fue el consejo de gobierno de Urbanismo quien aprobó en 2005 el proyecto básico y, en 2006, el proyecto de ejecución del Parasol. Los partidos que tienen la mayoría de los votos en este foro -previo al Pleno de la Corporación- son el PSOE e IU, que gobiernan en coalición la ciudad desde 2003. Ambos no sólo autorizaron que se contratasen las obras sin -según admitió el edil de Urbanismo hace unas semanas- todas las garantías, sino que son quienes validaron los dos proyectos del Parasol "en el orden técnico". También serán ambos los que tramiten la segunda modificación presupuestaria, cifrada en 25,8 millones de euros, casi 8 millones de euros más de la cifra hecha pública por Urbanismo.

La discusión sobre la responsabilidad técnica tiene otro relato. Y es prolijo. Se basa en el informe jurídico realizado por los servicios legales del Ayuntamiento, a los que se les ha pedido que precisen las consecuencias del sobrecoste económico de la obra. Este documento explica, en su segunda página, que "no existe acuerdo" sobre las causas que provocan los cambios que van a introducirse al Parasol en el expediente del segundo modificado.

Dicho de otra manera: existen dos versiones sobre de quién es la responsabilidad de que el Parasol no fuera diseñado correctamente. Una es la del arquitecto. El estudio de Jürgen Mayer, director técnico de toda la obra, aduce "causas imprevistas" relacionadas, en esencia, con la complejidad de la estructura de madera. Otro punto de vista es el de los servicios técnicos de Urbanismo: un informe de la dirección técnica de la Gerencia explica, en cambio -y lo razona- que las circunstancias relacionadas con los problemas que presenta el Parasol se deben a "un defecto, error o insuficiencia técnica" tanto del proyecto básico como del de ejecución. No es el único capítulo en el que el director técnico de Urbanismo recurre a estos términos. También lo hace en relación a otro epígrafe -el cuarto- incluido en el expediente de modificación presupuestaria bajo el título "modificación y ampliación de instalaciones". Se trata de la necesidad de construir un nuevo centro de transformación eléctrica para dar luz a las setas y la adecuación de todas las instalaciones del complejo a la normativa de protección de incendios. En este punto el desacuerdo se repite: Mayer alega que no fue posible contemplarlo ni en el proyecto básico ni en el programa de ejecución por tratarse de "una causa imprevista", que es la adaptación a "nuevas especificaciones técnicas". La dirección técnica de Urbanismo, en cambio, sostiene que estamos de nuevo "ante un defecto, error o insuficiencia técnica" del proyecto, encuadrable además en los supuestos del artículo 217 de la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas.

La disparidad de criterio entre ambos técnicos -el director de la obra y el responsable de su control- trasciende el aspecto formal y tiene una evidente repercusión jurídica, ya que en función de cuál de las dos se imponga el Ayuntamiento puede pedir una indemnización por daños y perjuicios debido a los gastos extras originados por el hipotético ineficaz trabajo del arquitecto. Con independencia de que esta cuestión derive en un litigio en los tribunales -opción por ahora no explorada- lo cierto es que, según los pliegos de condiciones que regularon el concurso de la Encarnación, la versión válida es la municipal, ya que el organismo contratante es el único que, en dicho documento jurídico, tiene la atribución de interpretar las cláusulas relativas al proyecto.

Así pues, el Ayuntamiento tiene cierto margen de acción para reclamar responsabilidades al técnico, en primer extremo, y, si lo estima conveniente, a la empresa contratista. De los diferentes conceptos incluidos en el proyecto, tan sólo puede hacerlo por los errores cometidos en materia de instalaciones y, sobre todo, por la estructura, cuya desviación presupuestaria es mayúscula. No puede pedirlo, obviamente, por aquellas otras cuestiones -como las mejoras del mercado de abastos o el cambio en el pavimento del entorno del Parasol- que se han acometido a petición suya.

El funcionario que rubrica el informe jurídico explica, no obstante, que las modificaciones que se autorizan deben ser encuadradas bajo el concepto de interés público -lectura que no tiene en cuenta su traducción económica y, por tanto, es subjetiva y amplia- y obligan,de cualquier manera, a realizar ajustes en el "plan económico financiero de la concesión". Esta tarea hasta ahora está pendiente. Sobre el interés público, los servicios jurídicos municipales no ponen pegas. Si la seguridad no está despejada, evidentemente es un problema. Cualquier cosa que se haga para aminorar los riesgos es de interés general.

Otra cuestión distinta es la relativa a las consecuencias legales de las "deficiencias" y "errores" del proyecto del Parasol. En este extremo el servicio jurídico explica que el gobierno local puede dar hasta dos plazos extraordinarios "al contratista" de un total de tres meses. En caso de que los errores no sean subsanados, puede exigir al contratista una sanción económica cuyo importe sea equivalente al 25% del precio del contrato, fijado en 51 millones de euros. Esto es: 12 millones de euros. El asesor jurídico municipal no determina si este supuesto debe aplicarse en el Parasol. La decisión queda en el aire. Urbanismo, de momento, lo descarta.