LA política urbanística de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos ha sido una de las causas de la generación de la burbuja inmobiliaria, cuyo estallido nos ha llevado a la ruina, y a graves recortes sociales para pagar esta gigantesca quiebra. Ahora parece que nadie es responsable de este desastre.

Lo incomprensible es que en plena crisis se haya seguido con la misma política especulativa, intentando revitalizar la economía del ladrillo y amnistiando a infractores y delincuentes urbanísticos. La Junta ha ignorado las fundadas alegaciones contra los planes urbanísticos y de ordenación del territorio, y los ha seguido aprobando como si nada hubiera pasado. Sólo los recursos ante los tribunales están consiguiendo poner en cuestión esta política suicida.

Planes sin evaluación ambiental. La Directiva 2001/42/CE y la Ley 9/2006, que la traspuso con carácter de legislación básica estatal, obligan a someter a los planes aprobados desde julio de 2006 a Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). En Andalucía, la Ley 7/2007 GICA eximió a los planes urbanísticos (¡que causalidad!) de esta EAE. Las consecuencias no tardaron en llegar, y el Tribunal Supremo (TS) viene anulando todos los planes urbanísticos sin EAE. El caso de Marbella ha sido el más sonado, pero no ha sido el único, y otros están en proceso de ser anulados.

Ante estos varapalos judiciales la Junta ha urdido un nuevo intento de fraude. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha aprobado una Instrucción interna que pretende asimilar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), seguido en 450 planes urbanísticos en trámite, al de EAE, cuando son procedimientos distintos. La EAE parte de la obligación de realizar consultas previas, un documento de alcance y un Informe de Sostenibilidad Ambiental, con análisis de alternativas realistas y viables, incluida la "alternativa cero", es decir, la posibilidad de no ejecutar el plan. Lo que hacen los ayuntamientos y la Junta es tramitar planes con las propuestas plenamente configuradas, sin posibilidad de cambios sustanciales.

Un modelo insostenible. Los planes urbanísticos aprobados en plena crisis han seguido la dinámica de crecimientos injustificados, con recalificaciones de millones de metros cuadrados -nuevos activos tóxicos- y previsiones de miles de viviendas innecesarias. Pura especulación.

En 2006, el Parlamento de Andalucía intentó infructuosamente frenar la burbuja inmobiliaria incluyendo en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) unos límites al crecimiento poblacional y de superficie urbanizable en base a parámetros objetivos (demográfico, parque de viviendas…), con máximos del 30% de población, y del 40% de suelos urbanizables. Pero la Junta ha ido flexibilizando estos ya amplísimos límites con múltiples medidas de ingeniería ladrillera. Así, ha exceptuado arbitrariamente del cómputo de estos límites los suelos urbanizables no sectorizados, los suelos industriales, los destinados a vivienda protegida y a supuestas demandas metropolitanas, y ¡hasta las urbanizaciones ilegales que se regularicen! Así, se están aprobando planes urbanísticos con crecimientos de más del 100% de suelos urbanizables y previsiones de viviendas para decenas de miles de personas inexistentes, ignorando las previsiones demográficas, que apuntan a la estabilización y reducción de la población.

Pero de nuevo los tribunales han tumbado estas estratagemas. El TS ha ratificado una sentencia del TSJA que anulaba estas normas de excepción en el Plan de Ordenación del Territorio de La Janda, por las que se pretendían construir 19 macrourbanizaciones, recalificando 22 millones de metros cuadrados, multiplicando la superficie de los actuales pueblos de esta comarca, en algunos casos hasta en un 700%. También ha anulado el decreto que pretendía dar prevalencia a los planes urbanísticos sobre los de protección en los parques naturales.

La política urbanística en Andalucía -centrada en la "agilización" de planes expansivos e innecesarios y en la "regularización" de lo ilegalmente construido por su propia política-, debe dar un cambio drástico para cumplir con el mandato constitucional (arts. 45 y 47) de racionalizar los recursos, garantizar a todos los españoles el derecho a una vivienda digna e impedir la especulación. Para ello es necesario frenar la expansión desaforada de pueblos y ciudades, promover políticas de rehabilitación de los cascos urbanos -que genera más empleo local-, y la constitución de un amplio parque público y social de viviendas. Mejorar nuestras ciudades, acabando con el mantra del crecimiento ilimitado, es el reto y la verdadera dimensión social que debe tener el planeamiento urbanístico democrático.