EL caso del presunto asesino de Mari Luz no es nuevo. La realidad dice que en la violación y la pederastia las reincidencias son frecuentes. Sin embargo, nuestras leyes parecen empeñadas en ignorar esta realidad, y se siguen produciendo los abusos sexuales y crímenes cometidos por violadores y pederastas con antecedentes penales. A partir de conceptos psiquiátricos y penales influidos por condicionamientos ideológicos carentes de base científica, se ha legislado como si viviéramos en el mejor de los mundos posibles. Una muy loable voluntad de reinsertar todo tipo de delincuentes ha ignorado que para algunos delitos, sobre todo para los que tienen que ver con perversiones y desórdenes mentales, ésta no es posible. Un muy loable sentido de la compasión hacia los enfermos mentales, y un rechazo igualmente loable de las antiguas prácticas psiquiátricas, ha creado un vacío clínico y legal que atormenta, y hasta destruye, a muchas familias que han de hacerse cargo de enfermos con comportamientos violentos; y deja en completa libertad a quienes vuelven a violar, abusar de menores y asesinar.

Ni las antiguas sociedades y leyes que castigaban los delitos sin sanar sus causas psíquicas o sociales, ni las antiguas cárceles en las que se castigaba sin ofrecer posibilidades de reinserción -perdiéndose del todo quienes podían rehabilitarse-, ni los antiguos manicomios en los que dementes de distinto grado se mezclaban hacinados y eran sometidos a seudocientíficas y crueles prácticas, son la solución. Pero es evidente que la actual legislación tampoco lo es. Con toda la cautela que estas cuestiones exigen es necesario revisar conceptos psiquiátricos y legales para impedir que violadores y pederastas reincidan.

En el caso de estos últimos son muchos los expertos que, como la doctora Victoria Trabazo, del Centro de Psiquiatría y Psicología Clínica y Jurídica, consideran la pederastia como una perversión, no una enfermedad, que no admite más tratamiento que el uso de fármacos que inhiban los impulsos de quienes obtienen placer abusando de los más débiles. Como es necesario revisar la ley del menor para que adolescentes de 17 años con cinco causas pendientes -tres por lesiones, una por robo y otra por homicidio- no completen su currículo asesinando a un joven de 21 años, como ha sucedido en Los Palacios, a sabiendas de la levedad de las penas previstas para los menores; y urge revisar los criterios de intervención en dramas familiares como la de los abuelos de Huelva maltratados por el nieto de diez años, del que se hicieron cargo tras ser abandonado por su madre alcohólica.