EN el aún corto pero intenso pugilato que están manteniendo la juez titular número seis de Sevilla, María Núñez Bolaños, y su antecesora en el cargo, Mercedes Alaya, por el control de los sumarios de corrupción política que implican a la Junta de Andalucía, la primera avanza y la segunda retrocede. El desenlace se aproxima.

Apenas confortada por la resolución de la Audiencia Provincial avalando su decisión de retirar a la Policía de las diligencias sobre los cursos de formación en favor de la Guardia Civil y por la postura de la Fiscalía en contra de que se admita la querella que le ha presentado un imputado en el caso del Betis, Alaya se encuentra con el hecho consumado de que Bolaños dicte la división de la causa de los ERE fraudulentos en tres grandes bloques de piezas separadas. Algo a lo que Alaya se ha opuesto siempre que le ha sido planteado mientras era la única instructora. Hasta tres veces se lo pidió la Fiscalía Anticorrupción.

El auto de Núñez Bolaños ha sido saludado con el lógico regocijo por los enemigos de Mercedes Alaya, que no son muchos pero sí muy poderosos y tenaces (uno de ellos, el consejero de Justicia de la Junta es, además, de una locuacidad inquietante). Entendieron desde el minuto uno que la incansable togada debía ser arrinconada y apartada por haber abierto una causa general contra el socialismo aquí gobernante, y los errores en la instrucción y su propia personalidad están a punto de hacer que consigan su objetivo.

La nueva titular ayuda objetivamente a este propósito al decidir, cuando aún el Poder Judicial no ha resuelto la división de tareas en el juzgado, entrar en el terreno que había quedado atribuido en principio a Mercedes Alaya (el caso de los ERE), y entrar con un criterio contrario por completo al de ésta, ordenando que la causa se divida en tres bloques: el procedimiento de concesión de las ayudas, las sobrecomisiones pagadas a sindicatos, abogados y aseguradoras y las doscientas piezas del escándalo, una por cada subvención.

El problema, para Alaya, es que, después de cuatro años y medio de instrucción, su argumento de la inescindibilidad de la causa ERE no se sostiene, y que la separación decretada por Núñez Bolaños es más que razonable. Y además de razonable, se atiene al derecho de los imputados a la tutela judicial efectiva que manda la Constitución y que impone una justicia ágil y sin dilaciones indebidas. Los enemigos de Alaya tienen por donde cogerla y le aprietan las tuercas.