la esquina

José Aguilar

Vamos a hacer cuentas

ARTUR Mas ha fracasado con el pacto fiscal, pero ha triunfado rotundamente en su propósito de convencer a los catalanes de que están siendo expoliados por España y, por lo tanto, no les queda otra que independizarse (sin las desventajas de la secesión, eso sí).

Las cuentas del presunto expolio sólo les salen a los nacionalistas ricos a base de retorcer la realidad y construir un imaginario inmune a los hechos objetivos. Porque es un hecho objetivo que las aportaciones a la Hacienda común no las hacen los territorios, sino los individuos. Los ciudadanos que residen en Cataluña pagan los mismos impuestos estatales, y perciben las mismas pensiones, que los de las demás comunidades autónomas. Sólo que allí son más numerosos los que tienen más ingresos y por eso, en conjunto, tributan más.

Así pues, si los contribuyentes catalanes aportan más al Estado que los gallegos o los andaluces es sencillamente porque disfrutan de más renta y patrimonio. El llamado déficit fiscal de Cataluña (la diferencia entre los impuestos que se pagan al Estado en dicha comunidad y lo que el Estado gasta en ella) no es de distinta naturaleza que el déficit fiscal que podría alegar un multimillonario extremeño con respecto a un pobre catalán o, ya puestos, el que padecen los habitantes de un barrio pijo de Barcelona en relación con los de un barrio pobre de Lérida: seguro que contribuyen mucho más y reciben menos prestaciones y servicios públicos.

El experto Ángel de la Fuente lo ha explicado en este periódico. No sólo es que la Constitución prohíba una financiación diferenciada para Cataluña basada en ese pretendido déficit fiscal. Es que si se extiende a ese territorio el concierto económico vasco, como exige la Generalitat, habría que detraer 16.000 millones de euros a las demás comunidades de régimen común, empobreciéndolas en un 12%. La anomalía vasca y la navarra -resume- son soportables por el sistema porque entre ambas comunidades suman el 9% del PIB español; otorgar el mismo privilegio a Cataluña significaría un 27% del PIB nacional exento de la solidaridad territorial y social. Ningún gobierno de España puede aceptar una excepcionalidad tan abultada.

Otra monserga independentista se ha montado encima de un mito: que en los estados alemanes tienen un límite del 4% de su PIB como contribución a la solidaridad. Falso. Más discutible me parece, en cambio, el llamado principio de ordinalidad (que una región que aporta a la Hacienda común no se empobrezca hasta quedar por debajo de otra que recibe). Se debería considerar si esta reivindicación catalana merece ser aceptada. Claro es, entre todas las comunidades autónomas y el Estado, no bilateralmente.

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