la esquina

José Aguilar

Vejados, pero contentos

APENAS doscientos individuos, que se decían indignados pero eran más bien indignantes, protagonizaron en junio pasado, en Barcelona, uno de los episodios políticos más bochornosos de los últimos años.

Quizás recuerden las imágenes: los diputados del Parlamento catalán y algunos consejeros de la Generalitat tratando de romper el cerco con el que decenas de alborotadores, al amparo del Movimiento 15-M, pretendían impedirles su asistencia a la sesión plenaria en la que iban a aprobarse los presupuestos autonómicos. Es decir, que intentaban cumplir con su obligación, y derecho, como representantes electos del pueblo catalán.

Verían a numerosos parlamentarios siendo perseguidos, insultados, zarandeados y vejados por los alborotadores sin que la fuerza pública, que está para defender los derechos de todos, se mostrase capaz de garantizarles su libertad de movimiento. Verían a una consejera, Montserrat Tura, apedreada con huevos y con su espalda pintada, y a otros miembros de la cámara saltando entre los coches para evitar la agresión, y oirían que algunos gobernantes tuvieron que acudir a la cita en helicóptero, entre ellos el presidente Artur Mas.

Un ejercicio claro de agresión antidemocrática y violencia propia de bandas fascistas, que avergonzó a cualquier demócrata, empezando por el propio colectivo del 15-M que no pudo librarse de estas adherencias indeseables que, por cierto, vienen acompañando en la capital de Cataluña a casi todas las manifestaciones de masas, ya sean de protestas políticas o de triunfos del Barça.

La Audiencia Nacional abrió diligencias por la agresión y el magistrado Eloy Velasco acabó imputando a una veintena de los participantes, concretamente por delito contra las instituciones del Estado (de tes a cinco años de prisión). La noticia es que numerosos diputados han sido llamados a declarar como testigos y que dos de ellos, Joan Boada y Salvador Milà, de Iniciativa per Catalunya -los hermanos catalanes de Izquierda Unida- han decidido incumplir con su deber testimonial con la Justicia. Su argumento es que en su día no denunciaron los hechos y que no se sienten perjudicados por el acoso de los vándalos.

¿Esto cómo se explica? Por una especie de síndrome de Estocolmo que les hace empatizar con sus agresores, por congraciarse con el 15-M dando por bueno que la violencia forma parte de la respuesta de los indignados al sistema o porque no terminan de digerir que fueron elegidos para entrar en una institución democrática que legisla y que es infinitamente más democrática que sus agresores. Sea como fuere, una conducta inadmisible que parece invitar a que en la calle se atente contra el Parlamento.

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