Editorial

La Verja como termómetro

LAS colas de varios kilómetros para entrar y salir del Peñón de Gibraltar han sido desde la reapertura al tráfico de la Verja, en 1985, un testigo inequívoco del cariz de las relaciones con la única colonia que pervive en la Unión Europea. En los últimos días el termómetro en el que se convierten los controles en la Verja marcan una temperatura alta, propia de la tensa relación que se vive desde que España y Gibraltar cambiasen de gobiernos. Pese a que el conflicto pesquero, al impedir el Ejecutivo llanito que faene la flota de bajura de la Bahía de Algeciras, parece ser el desencadenante de la mala relación, lo cierto es que se trata de un síntoma del problema de fondo, que sigue siendo la legítima reclamación española de la soberanía. Es la negativa del Gobierno de Mariano Rajoy a seguir con la fórmula del diálogo a tres en pie de igualdad lo que subyace en estos problemas. Y, a la vista de las reacciones gibraltareñas y, sobre todo, británicas, a la solicitud formal de recuperación de la negociación bilateral, no le falta razón al actual Ministerio de Exteriores al aplicar la postura que el PP mantuvo en la oposición mientras el ex ministro Miguel Ángel Moratinos accedió a esta fórmula. Frente a las garantías que el ex canciller socialista dijo que el Reino Unido le dio cuando Gibraltar reformó su constitución -norma que ya desencadenó en 1969 el cierre durante 13 años-, el Gobierno de Cameron asegura que Gibraltar tiene ahora un derecho de veto para que ambos estados soberanos negocien siquiera sobre la soberanía. Por eso, los controles de ahora -ejercidos incluso mientras el ministro principal Fabian Picardo hablaba ante el comité de descolonización de Naciones Unidas- son la mejor manera de recordarle a Gibraltar su realidad: es un anacronismo colonial, sin soberanía propia, que depende de España para no quedar aislada por tierra. Si ejercer la legalidad estricta sirve, al menos, para recuperar el statu quo previo al Foro de Diálogo, sean bienvenidas las colas, incluso aunque perjudiquen a españoles que viven junto a la Verja o la cruzan a diario. Estamos ante una cuestión de Estado y no ante un problema local.

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