EL próximo archivo de la llamada pieza política de la macrocausa de los cursos de formación -con 24 imputados; entre ellos, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández- vuelve a poner de relieve que en Andalucía se han cometido en los últimos tiempos una serie de excesos judiciales y policiales por los que alguien tiene que responder. Recuérdese que la llamada operación Barrado, en la que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detuvo a 16 personas que ahora quedan exculpadas, se realizó a bombo y platillo y con prácticas policiales un tanto exageradas -por decirlo de forma suave-, llegando a detener a personas inocentes delante de sus propios hijos, como si fueran peligrosos y sanguinarios delincuentes. Otros llegaron a pasar más de dos días en los calabozos, con el consiguiente desgaste psíquico que eso conlleva. Por supuesto, todos fueron sometidos al consiguiente linchamiento social sin que apenas nadie se acordarse de que la presunción de inocencia es un derecho elemental de cualquier ciudadano y de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Quién resarce ahora a los detenidos del miedo, de la ansiedad y de la vergüenza que pasaron ellos y sus familiares? Como dijimos en su día con la detención espectacularizada del alcalde de Granada, el popular José Torres Hurtado, en España y Andalucía hace tiempo que algunos miembros de los cuerpos y seguridad del Estado y algunos jueces han tomado un camino preocupante donde lo que importan son los titulares y la relevancia mediática, pero no la persecución del delito y el ejercicio de la justicia.

Para el archivo de la pieza política de la macrocausa de los Cursos de Formación se argumentará, entre otros motivos, que en esta causa hay irregularidades administrativas, pero no delitos. Esta visión de los hechos viene avalada por las declaraciones de ocho interventores, que han coincidido fundamentalmente en que no apreciaron ningún delito a la hora de examinar estas subvenciones. Además, el archivo sería acorde con los autos de otros dos jueces de Sevilla y Jaén, que han adoptado la misma resolución dentro de las causas abiertas en las ocho provincias andaluzas. Es decir, que en su día se realizó un auténtico despliegue policial y judicial y se han gastado cientos de horas de investigación y de trabajo en los saturados juzgados por unas simples irregularidades administrativas. Insistimos, alguien tiene que pedir disculpas.