Editorial

Víctimas por partida doble

UN amplio informe elaborado por la Oficina del Defensor del Pueblo, que acaba de ser remitido al Congreso de los Diputados, revela una situación inquietante en los centros de menores tutelados por la Administración. El informe, que incluye visitas, investigaciones y recogida de testimonios, está referido a 27 centros en funcionamiento en numerosas provincias españolas, casi la mitad del total de los existentes. En ellos permanecen acogidos más de 500 niños y adolescentes, la mayoría con edades comprendidas entre los 11 y los 18 años. Lo que han comprobado los autores del informe oficial es la persistencia de malos tratos, celdas de aislamiento, humillaciones y abuso de fármacos en estos centros, mayoritariamente gestionados por sociedades privadas, en general creadas por organizaciones sin ánimo de lucro. Es de destacar que estos muchachos, casi todos de nacionalidad española, no son menores condenados por haber cometido delitos -lo que en cualquier caso tampoco justificaría el trato que desvela el informe-, sino que padecen diversos trastornos de conducta, como problemas psicológicos o dependencia de drogas, y están bajo custodia de la Administración en atención a sus circunstancias familiares. Precisamente esta tutela encargada a la Administración es lo que hace aún más rechazable su situación. Urge que este deber de tutela se plasme en una investigación exhaustiva y ponderada que establezca meridianamente la verdad o no de lo denunciado y depure las responsabilidades de cualquier tipo a que hubiera lugar. Estos menores son casi en su totalidad víctimas de una sociedad que no les ha ofrecido las condiciones precisas para su desarrollo normalización. Añadir a esta posición la práctica de malos tratos y vejaciones supone, pues, un plus de daño realmente intolerable en una sociedad del siglo XXI. La autoridad correspondiente debe movilizarse para examinar caso a caso y proceder, cuando sea necesario, a retirar la gestión de los centros a las entidades que hayan incurrido en estas prácticas deleznables. Se trata de una obligación elemental e ineludible.

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