LOS comerciantes del centro han anunciado que estudiarán la exigencia de una posible responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por el tiempo perdido en el proyecto de instalación de videocámaras de seguridad en la vía pública, que apoyado en principio por el delegado municipal de Economía, Jon Ander Sánchez, ha sido vetado finalmente por Torrijos con el argumento de que IU apuesta por la libertad antes que por la seguridad, ante la falta de garantía sobre el uso posterior de las imágenes. La cuestión es tan controvertida que hay que analizar caso por caso, sin que pueda establecerse un criterio único. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por ejemplo, aprobó el primer proyecto de este tipo en Andalucía (17 cámaras en ocho calles de Málaga, cuyo Ayuntamiento proyectaba una segunda fase con 29), pero posteriormente rechazó el del Ayuntamiento de Granada, que preveía la instalación de 14 cámaras en seis vías urbanas. En Madrid, la Justicia dio el visto bueno a 31 cámaras en la Plaza Mayor y su entorno, pero con unas condiciones muy especiales para evitar grabar sonidos e imágenes del interior de las viviendas, amén de la exigencia de destruir las tomas en el plazo de una semana. Los temores de Torrijos sobre el uso indebido de las imágenes son fundados, pues hace poco se denunció que cámaras instaladas por el Ayuntamiento para vigilar el tráfico fueron usadas en un momento dado para grabar a manifestantes. No creemos que las videocámaras gocen de una aceptación generalizada, por el riesgo que entrañan de intromisión en la vida privada del ciudadano, pero los comerciantes, que las demandan por seguridad, tienen razón en subrayar las contradicciones municipales al respecto -se han instalado en el real de la Feria y ahora se habla hasta de colocarlas en las paradas de los taxis- y en que IU podría haber sido clara desde el principio en su negativa, en vez de haberles dado falsas esperanzas durante meses. En todo caso, reiteramos que ha de ser el TSJA quien debe velar por la legalidad del proyecto y en que debe haber al menos una cofinanciación, pues el mismo derecho a pedir videocámaras tendrían los comerciantes de los barrios que los del centro.

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