DOS noticias recientes van a contribuir a abrir una reflexión positiva sobre el ritmo de ajuste fiscal para hacer sostenibles las finanzas públicas y sobre la gobernanza en la Unión Europea (UE) para mejorar la política económica.

En relación con la primera, hemos conocido la existencia de una misteriosa carta -sólo se ha conocido después de que a Monti se le escapara hablando con periodistas- suscrita por 12 países -incluyendo a España y países que no están en el euro- en la que se solicita al Consejo y a la Comisión de la UE que se adopten medidas para estimular el crecimiento. La carta -no firmada ni por Francia ni por Alemania- parece dirigida a abrir un debate en la cumbre europea que se celebrará a principios de marzo.

En realidad, la carta no contiene ninguna afirmación que signifique una relajación y diferimiento de la reducción del déficit. Antes al contrario, subraya la necesidad de austeridad para que las cuentas públicas sean sostenibles, sin lo cual no puede haber recuperación duradera. Aboga, sin embargo, por la flexibilización y liberalización de sectores. Contar con un mercado energético integrado en 2014, otro para contenidos digitales en 2015, redoblar el esfuerzo en I+D, etc.

Algunos de estos compromisos ya se adquirieron en la Agenda de Lisboa, sin que se hayan cumplido. ¿A qué viene reivindicarlos ahora con la grave situación que padecemos a corto plazo? El interrogante es aún mayor si tenemos en cuenta que todas las medidas liberalizadoras que se adopten sólo depararán efectos positivos a medio plazo. La carta pone de manifiesto que sin crecimiento económico no hay ajuste posible sin incurrir en el riesgo de provocar protestas sociales que escapen al control de los gobiernos democráticos europeos.

La esquizofrenia del mercado por tener que elegir entre reducción a corto del déficit y crecimiento económico se ha decantado por Este último. Esto no quiere decir que no importen los endeudamientos público y privado, sino que sólo se pueden reducir a medio plazo con medidas de austeridad combinadas con economías en crecimiento. Seguiremos insistiendo en que un diferimiento de dos años, más bien que uno, en el cumplimiento de los objetivos de déficit sería una regla más razonable que la actual y, tarde o temprano, los países centrales de Europa tendrán que aceptarlo.

En el caso de España, esto es posible adoptando medidas de ajuste más suaves durante éste y próximos años. Con las previsiones de crecimiento actuales, si conseguimos acabar este ejercicio con un déficit del 6%, reduciéndolo un 1,25% cada año, acabaríamos en 2014 con un déficit del 3,5% y una deuda del 80% del PIB, menor que la de los países de la UE. A partir de ahí, sería posible conseguir un superávit primario que nos permitiría ir reduciendo el endeudamiento total.

Las previsiones de crecimiento de la UE para este año anunciadas el jueves abren definitivamente el camino para lograr una suavización del cumplimiento de los objetivos de déficit, aunque la previsión puede ser algo optimista. La cumbre de principios de marzo debería dar lugar al establecimiento de nuevos objetivos que sean realistas. Seguir con unos objetivos puramente voluntaristas expondrá nuevamente a la Comisión al ridículo y va a continuar alimentando la desconfianza. Y ésta, una vez difundida por el mercado, es muy difícil hacerla desaparecer.

Respecto de la segunda cuestión -la mejora de la gobernanza económica-, los ministros de Economía de la UE han aprobado un proyecto de reglamento que permitirá a las autoridades comunitarias revisar antes de su aprobación y modificar, en su caso, los presupuestos de los países miembros.

Esta medida es una consecuencia inevitable de la crisis griega. La desconfianza que ha generado el falseamiento de las cuentas públicas de Grecia ha alentado la creación de esos mecanismos de control para evitar que se repita. Sobre España, aunque no hecho público por la Comisión pero sí por la prensa internacional, la desconfianza se ha vertido sobre las comunidades autónomas.

Estas medidas representan una cesión de soberanía a las autoridades comunitarias. España se va a ver obligada -como el resto de países- a presentar el 30 de abril de cada año sus previsiones presupuestarias a medio plazo y seis meses más tarde el presupuesto del siguiente año. Habrán de incorporarse las de todas las administraciones.

Puede entenderse la postura crítica de algunas comunidades, pero no hay alternativas. El Gobierno Central tiene que defender las cuentas de todas las administraciones y tendrá que asegurarse, previamente, que cumplen los objetivos pactados. La cesión de soberanía va desde abajo hacia arriba.

Como sucede en EEUU, EL Reino Unido y otros países, una oficina de control presupuestario independiente debería realizar previsiones y controlar la ejecución de los presupuestos. Como ocurre en esos países, basta con una oficina para todo el Estado.

Los ajustes para reducir el gasto público son necesarios para que la recuperación sea sostenible y pueda crearse empleo. Pero los ajustes hay que considerarlos más una carrera de fondo que de velocidad. Los países occidentales vamos a tardar unos 20 años en situar los niveles de deuda en límites prudentes: preparadas para afrontar la siguiente crisis y sostenibles a largo plazo. Podemos aplicar del refranero popular el "vísteme despacio, que tengo prisa".