LA nueva ley del aborto -Ley de Salud Sexual y Reproductiva, exactamente- entró en vigor en julio de 2010 y su principal novedad fue sustituir los tres supuestos de la norma de 1985 (el riesgo para el feto, la salud de la madre y la violación) por un sistema de plazos que deja el poder de decisión en manos de la embarazada.

En efecto, desde hace año y medio es la mujer la que tiene el derecho a interrumpir su embarazo sin necesidad de dar explicaciones ni acogerse a supuesto alguno, siempre que lo haga dentro de las primeras catorce semanas del mismo. Las personas que, legítimamente, están convencidas de que el aborto es en todo caso un crimen pensaron, y denunciaron, que la nueva normativa iba a provocar un aluvión de abortos.

Andaban equivocadas. No en cuanto a su rechazo a las prácticas abortivas mismas, que eso forma parte de las convicciones personales, sino con respecto a las consecuencias de la ley de 2010. La verdad es que a lo largo de ese año se produjeron en España 113.031 abortos, lo que supuso solamente un 1,3% de aumento sobre las cifras del año anterior. Siguen siendo menos, 2.700 menos, que en 2008. Parecido apocalipsis se anunció, probablemente por los mismos sectores de opinión, cuando se aprobó el divorcio y, años más tarde, se simplificó a través del divorcio exprés. Parecía, oyendo a algunos tribunos, que aquello iba a ser el principio del fin de la familia y que el matrimonio duradero se convertiría pronto en una reliquia. Nada de eso ocurrió. Se han divorciado los que han querido mediante su libre decisión y la mayoría de los matrimonios han seguido unidos.

Pues igual con el aborto. Esta ley más permisiva no ha generado una cascada de abortos, sino que ha hecho aflorar un número limitado de situaciones en las que una mujer concreta ha interrumpido voluntariamente un embarazo no deseado, y aquí paz y después gloria, mientras que la mujer que abomina del aborto y cree que todo embarazo ha de desembocar en una nueva maternidad no ha sido inducida a cambiar sus convicciones ni molestada por ellas.

¿Qué hará Mariano Rajoy con el aborto? Durante la campaña se ha mostrado partidario de la espera. Vamos, de esperar a que el Tribunal Constitucional dictamine sobre el recurso que presentó el PP contra el sistema de plazos y contra la extensión del derecho a usarlo a las menores de 16 y 17 años sin permiso de los padres o tutores. Este es el elemento más débil de la ley, en la medida en que decreta una excepción demagógica a la regla de la mayoría de edad (18 años a todos los demás efectos) tan sólo por obsesión juvenilista, por librar a las adolescentes del trago de afrontar familiar y socialmente las consecuencias de sus actos. Debería cambiarse.